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Donald Guerrero, señalado en el caso Calamar.
En la solicitud que la Procuraduría General de la República le hizo a la magistrada Kenya Romero para los detalles del acta de autorización financiera para continuar con la investigación contra el exminitro de Hacienda, Donald Guerrero, figura una lista de exfuncionarios que se habrían aliado a él para sacarle provecho de manera ilícita al Estado.
Los nombres que precisa autorización de información financiera, con fecha del 17 de febrero del 2022, son: Simón Lizardo Mezquita, exadministrador del Banco de Reservas; Emilio César Rivas Rodríguez, exdirector de Bienes Nacionales; Claudio Silver Peña, exdirector Nacional de Catastro; Luis Migue Piccirillo Mccabe y Domingo Martínez Reyes, entonces miembros del Consejo Estatal del Azúcar, respectivamente; Daniel Omar de Jesús Calcaño Santana, excontralor General de la República, además, figura Luis Reyes, exdirector General de Presupuesto.
De acuerdo a las investigaciones de la Procuraduría, de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública aparecen además Princesa García Medina y Aldo Antonio Fernández.
La solicitud señala a Belkys Tejada Ramírez que fue directora Jurídica del Bienes Nacionales y se responsabilizaba de los registros y los análisis.
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Así mismo, la Procuraduría dice que el agrimensor de Deuda Administrativa, Rolando Méndez Morillo, también era otro de los que supuestamente pertenecía a la estructura para desfalcar al Estado por unos 17 mil millone de pesos. Además, Óscar Ramón de la Rosa, quien desempeñó varias funciones en la Dirección de Bienes Nacionales, siendo en la actualidad coordinador del Plan Nacional de Titulación de la Dirección Nacional de Bienes Nacionales y Rafael Geraldo Collado Ventura, agrimensor del organismo. También, la encargada de Auditoria Interna de la Contraloría General de la República, Altagracia de la Rosa Hidalgo, y Priamo Jiménez Toribio, auditor de la entidad.
De soporte Administrativo, William Castillo; el agrimensor Joaquín Ernesto Tavares, que pertenecen los dos a la División de Reconocimiento de Deuda Administrativa. Otros en la lista son Martín Soriano y Wilma Esmeralda Rosario, de la misma área, quienes laboraron como analista de Validación de Expedientes y abogada.
¿Cómo operaba la supuesta estructura contra el erario?
De acuerdo al acta de autorización de información financiera emitida por la jueza Kenya Romero Severino, se ordenó a las superintendencias de Bancos, Valores, a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) proveer una serie de informaciones requeridas por la Pepca para la investigación de un total de 209 personas físicas y jurídicas (empresa).
“El modus operandi consistía en que, bajo las instrucciones del ministro de Hacienda, para ese entonces, Donald Guerrero Ortiz, se realizaron maniobras fraudulentas con el objetivo de sustraer del erario público la cantidad de RD$19,653,871,513.80, por concepto de acuerdos transaccionales, de los cual hemos (el Pepca) identificado que lograron sustraer RD$ 17,300,642,051.07 por operaciones relacionadas con expropiaciones de terrenos en áreas protegidas, así como la simulación de compras a y venta de terrenos bajo la modalidad de deudas administrativa, cuyo elemento común en todas las transacciones o acuerdos firmados entre las partes, es el relacionado a contratos de cesiones de crédito por más de RD$10,500 millones a personas de su entera confianza, que en ocasiones utilizaban sociedades comerciales de carpeta, disolviéndolas inmediatamente obtuvieron su objetivo, constituyendo el tipo penal de desfalco”, se explica en el documento.
