Dice Connie Mack, el lobista estadounidense que hace campaña para limpiar la imagen del recluso Donald Guerrero Ortiz, que el apresamiento de este se hizo bajo la excusa infundada de que su posición anterior como ministro de Hacienda podría afectar a tres años de investigación, que ha violado los más básicos principios dominicanos, estadounidenses y normas internacionales de justicia penal.

No sabía que el derecho sajón de Estados Unidos impera sobre el Derecho dominicano, que es de origen francés, o que el señor Guerrero Ortiz es ciudadano estadounidense en capacidad para desempeñar funciones ministeriales en nuestro país. El señor Mack nos ha descubierto ambas condiciones, en todo caso, violadas entonces por Danilo Medina cuando lo designó en el puesto.

Pero vayamos por parte. Donald Guerrero Ortiz no es preso político. Es un preso común, cumple una medida de coerción de 18 meses que figura por mandato constitucional en el Código Penal. Guerrero está coimputado, junto a otras 19 personas, en el denominado “Caso Calamar”, un entramado societario de corrupción, cuyo desfalco ha sido estimado en US$19,000 millones, pues afectó, sencillamente, al Estado.

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Conforme a la acusación del Ministerio Público, la red utilizó al menos 11 entidades oficiales con las cuales gestionaba expropiaciones irregulares de inmuebles sobrevaluados, cobro ilegal de impuestos a bancas de lotería, deportivas y negocios de tragamonedas.

De los veinte coimputados que esperan juicio de fondo, catorce se han declarado culpables, cuatro guardan prisión domiciliaria y solo Guerrero, junto al ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, permanecen alojados en la Cárcel de Najayo (Hombres).

En sus medios de defensa, Guerrero Ortiz decidió contratar al lobista Mack, – “lo que la ley no prohíbe, está permitido”, quien fundamenta su campaña en mentiras para desprestigiar y chantajear al país, pues lo cree tan débil que puede manipularlo y amedrentarlo desde Washington.

Su afirmación de que el presidente Joe Biden es consciente de las circunstancias que rodean un patrón de violaciones de derechos humanos, es puro chantaje, un esfuerzo inútil por arrodillar a jueces y fiscales ante la desgastada influencia colonial estadounidense.

La Constitución le garantiza a Guerrero su derecho a la defensa y al debido proceso, principio jurídico que reconoce a toda persona el derecho a determinadas garantías, mediante las cuales se le asegura un resultado justo y equitativo dentro de un caso judicial abierto en su contra.