Defenderá su postulación mientras es juzgado por fraude, difamación, falsificación y conspiración en diferentes procesos. Si es encontrado culpable, se podría “autoindultar” en caso de llegar a la Casa Blanca. Cómo funciona el “LinkedIn trumpista”.

Donald Trump está decidido a regresar a la Casa Blanca de cualquier manera. Incluso haciendo campaña en el medio de los numerosos juicios que tiene pendientes y en los que tendrá que presentarse.

Dos veces sometido a procesos de destitución y ahora dos veces detenido y acusado, Donald Trump se enfrenta a graves cargos en Nueva York y Florida por una trama de sobornos durante las elecciones de 2016 y por su presunto manejo indebido de documentos clasificados.

Simultáneamente, tiene un veredicto que lo declaró responsable de abuso sexual y difamación contra la escritora E Jean Carroll. Además, Trump ya fue notificado de que puede ser acusado de otros delitos en Georgia y Washington DC. que incluyen la “conspiración para defraudar al estado y obstruir la justicia”.

Podría llegar a la Casa Blanca con varias penas de cárcel en su contra. En su círculo íntimo aseguran que nada de esto le impedirá gobernar: lo primero que puede hacer es autoindultarse, aseguran.

Trump tendrá que presentarse personalmente, al menos, en los juicios de la justicia “criminal” e intentará convertirlos en “grandes circos de la prensa”.

Su aparición ante juzgados de las grandes ciudades, en el medio de la campaña, seguramente atraerá multitudes de sus seguidores. Los trumpistas están convencidos de que todos los cargos que pesan en su contra son apenas “lawfare”, maniobras de sus enemigos, para perjudicarlo en su ascenso político.

La sucesión de juicios y las fechas de sus presentaciones ante los jueces coinciden con varias de las primarias de su partido. Ya hay secretarios de varios juzgados tratando de coordinar las fechas para que no sea convocado por diferentes cargos el mismo día.

“Los tribunales tendrán que decidir cómo equilibrar el interés público en tener juicios expeditos contra el interés de Trump y el interés público en que pueda hacer campaña para que el proceso democrático funcione”, le dijo al New York Times, Bruce Green, profesor de la Universidad de Fordham y ex fiscal. “Ese es un tipo de complejidad con la que los tribunales nunca antes tuvieron que lidiar”.

Uno de los pilares de la democracia estadounidense es la de mantener la independencia de la política y la justicia. Jamás mezclarlas. Pero Trump desafía nuevamente los límites republicanos para buscar situaciones que le favorezcan políticamente.

El multimillonario neoyorquino basó en estos oscuros límites toda su carrera como empresario y como político. Llegó a la Casa Blanca en 2017 denunciando los supuestos abusos del poder que entonces había logrado y se fue en 2021 llamando a sus seguidores a asaltar el Capitolio para poder permanecer en el poder a toda costa.

Ahora, vuelve a utilizar el sistema a su favor degradando los procesos judiciales en su contra a meros actos de campaña. Algo que coloca en una trampa –y a la vez en una enorme desventaja- tanto a sus rivales en la interna republicana como a sus oponentes demócratas.

Trump se enfrentará a un juicio en Nueva York por acusaciones de fraude civil, en octubre. Otro, por difamación planteado por la escritora E. Jean Carroll que se iniciará en la misma ciudad el 15 de enero, el mismo día de las primarias en Iowa.

El 29 de enero comienza también en los tribunales de Manhattan un proceso en el que se acusa a Trump, a su empresa y a tres de sus hijos de “utilizar el nombre de la familia para incitar a personas vulnerables a invertir en negocios ficticios”.

Estos son todos juicios del fuero civil a los que Trump podría optar por no asistir personalmente hasta el día del veredicto, aunque tendría que atender algunos procesos si lo requiere el juez.

Ya evitó estar presente durante las audiencias por la anterior demanda de Jean Carroll en la que el jurado lo encontró culpable de abuso sexual. Pero tiene la obligación de presentarse en un caso penal en el que se lo acusa de “haber falsificado registros comerciales como parte del encubrimiento de un escándalo sexual” poco antes de las elecciones de 2016.

La fecha de apertura de ese juicio, que probablemente durará varias semanas, es a mediados de marzo, apenas unos días después del denominado “Supermartes”, que esta vez cae el 5 de marzo, cuando más de una docena de estados votan en las primarias.

El fiscal especial que maneja dos de las investigaciones federales contra el ex presidente pidió la última semana al juez que supervisa la acusación en la investigación penal sobre el ocultamiento de documentos confidenciales que fije la fecha del juicio para finales de 2023.

Esto ya podía traer problemas de agenda con los otros juicios ya planteados. Y se complica aún más con el anuncio del último martes de que Trump está también siendo investigado –y se espera que los fiscales presenten graves cargos- por los sucesos que culminaron en los disturbios del Capitolio del 6 de enero de 2021. Sus abogados ya pidieron a la jueza Aileen Cannon que aplace cualquier posible juicio hasta después de las elecciones de 2024.

Argumentan que “la exposición de los acontecimientos podría perjudicar sus derechos como candidato”.

Trump ya utilizó estos argumentos en otros juicios para retrasar lo máximo posible los veredictos. En este caso, los analistas en temas legales estadounidenses coinciden en que “podría plantear que el episodio de la toma del Congreso es un tema netamente político” y que por lo tanto “él o cualquier otro republicano que llegue a la presidencia podría ordenar al Departamento de Justicia que abandone los casos”.

Es muy probable que con las apelaciones los juicios permanezcan abiertos y con sentencia definitiva pendiente para el día de la asunción del nuevo presidente en 2025.

Si Trump llegara nuevamente a la Casa Blanca, el Departamento de Justicia podría plantear recursos de inconstitucionalidad para tratar de aplazar cualquier procedimiento legal adicional, como una pena de prisión, mientras él sea el presidente en ejercicio. “Incluso está el recurso del `autoindulto´”, aseguran.

Los abogados defensores ya plantearon un choque de intereses con el más probable candidato demócrata, el actual presidente Joe Biden, por ser la figura máxima que plantea los juicios del Estado contra Trump.

“No sabemos qué va a pasar en las primarias, por supuesto, pero ahora mismo, él es el principal candidato”, argumentó ante los periodistas Todd Blanche, uno de las decenas de abogados que representan al multimillonario.

“Y si todas las cosas van como esperamos, la persona contra la que se está postulando es también la que está al frente de la Administración que lo está procesando”.

En Washington prevalece la polémica sobre cómo continuar con los procesos judiciales en el medio de una campaña política. Eso es algo que siempre se quiso evitar. Incluso, en el Departamento de Justicia existe una de esas reglas no escritas conocida como la de “los 60 días”.

Indica que a medida que se acercan las elecciones primarias o generales, los fiscales no deben “tomar medidas manifiestas que puedan influir indebidamente en la votación”. Ningún proceso de estas características podría ser planteado dos meses antes de las votaciones.

En tanto, Trump no sólo prepara su campaña, sino que ya están armando un plan concreto de gobierno. Su movimiento populista de Make America Great Again (MAGA), que está más ordenado y organizado que cuando lo llevó al poder en 2017, presentó esta semana un programa de “transformación total de América”.

Y si la primera Administración Trump pudo parecer a muchos la casa de los horrores, prepárense para una segunda versión aún más terrorífica. En principio, sería la definitiva.

Dicen claramente que buscarán quedarse con la mayoría de las dos cámaras del Congreso para lograr un solo objetivo primario: conseguir que el presidente pueda ser reelecto en forma indefinida. Trump ya no busca la presidencia de la primera potencia global. Busca un imperio.

Otro de los objetivos es dominar la burocracia del aparato del estado. La teoría es que el gobierno estadounidense está siendo manejada por una conspiración de funcionarios pedófilos y que hay que reemplazarlos por “reales americanos”.

El programa, publicado parcialmente por la revista The Economist, habla de que hay que despedir a unos 50.000 burócratas de todas las secretarías de gobierno para reemplazarlos por “verdaderos conservadores” leales a la causa y al presidente.

Exactamente lo que sucede en las dictaduras y bajo gobiernos autoritarios donde sólo “los amigos” tienen posibilidades de conseguir un puesto en el Estado, más allá de la capacidad del candidato.

Ya hay dos centros de estudios, uno en Texas y el otro en Washington DC, preparando los equipos para la transición. El primero se llama America First Policy Institute (AFPI), con oficinas en Fort Worth y está liderado por una ex encargada del Consejo de Política Interna de la Casa Blanca durante la presidencia de Trump.

El segundo es la tradicional usina de información ultraconservadora, la Heritage Fundation, que ya hizo este mismo trabajo cuando Ronald Reagan tomó el poder en los años 80.

El objetivo de ambas instituciones es convertirse en lo que ellos llaman “un Linkedin trumpista” donde seleccionarán los 4.000 funcionarios de primer nivel que necesitan si ganan las elecciones y al resto de los 50.000 burócratas del aparato que gobierna en Washington.

Steve Bannon, el ex bloguero y periodista que asesoró a Trump, relató en su libro que el triunfo en 2017 los tomó tan de sorpresa que no tenían la suficiente gente de confianza para armar los equipos de gobierno y se vieron obligados a aceptar que se quedaran algunos burócratas que luego “pusieron palos en la rueda”.

Trump va por todo y los juicios en su contra son para él apenas unos escenarios donde hacer lo que mejor sabe: seducir a los estadounidenses blancos enojados por haber perdido sus privilegios.