Triste y vergonzoso es tener que reconocer que a pocos ha sorprendido que no aparezca el dinero robado en la sucursal del Banco Popular de la avenida Luperón, un culebrón que la ciudadanía ha seguido con atención capítulo tras capítulo, como también lo es que en este caso hay un sospechoso habitual al que todos señalarán, pues su mala reputación la precede: la Policía Nacional.

Agréguele a eso que el abogado de uno de los imputados, a los que un tribunal acaba de imponerle medida de coerción consistente en prisión preventiva, insiste en que el dinero está en manos de la institución del orden. Pero al salir de la reunión que se realiza cada lunes para pasar revista al Plan de Seguridad Ciudadana su Director, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, lo negó enfáticamente, explicando a los periodistas que lo abordaron que ya cumplió con su parte y que el caso está en manos del Ministerio Público, que trabaja en el rastreo de los fondos para determinar su ubicación.

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Habrá que esperar entonces a que los fiscales a cargo de las pesquisas concluyan su trabajo, para lo cual tienen un plazo de tres meses, para poder saber qué ocurrió con el dinero, si es que llegan a determinarlo, pero en lo que eso ocurre queda en el aire la sensación de que alguien está jugando a las escondidas con los 1.6 millones de pesos que se llevaron los asaltantes.

Conociéndonos como nos conocemos eso significa que pronto nos olvidaremos de ese dinero y de los que se lo robaron, que si es verdad lo que aseguran sus abogados recibirán condenas relativamente benignas que no pasarán de los diez años de cárcel. Pero si salimos a la calle a preguntarle a la gente, mañana o dentro de tres meses, quién cree que se quedó con el dinero todos sabemos hacia donde señalarán, pues como dije más arriba su mala reputación la precede. Y por lo que se ve, hará falta mucho más que una reforma policial que apenas gatea para cambiar esa imagen tan negativa.