La Procuradora General, Miriam Germán Brito, calificó ayer de “bárbara, inhumana y que avergüenza” la forma en que murieron, a manos de la Policía, tres jóvenes que se encontraban detenidos, razón por la cual ordenó hacer un levantamiento, a escala nacional, de todos aquellos casos de ciudadanos que han muerto o han sido agredidos después de estar retenidos en cuarteles policiales.

La publicación de los detalles sobre las circunstancias que rodearon la muerte del joven profesor de educación física David de los Santos, que según la acusación fue encerrado esposado junto a otros presos permitiendo que estos lo masacraran a golpes, ha exacerbado la indignación de una sociedad harta de los desmanes de la Policía, haciendo más actuales que nunca los reclamos de que se acelere una reforma policial que parece caminar a la velocidad de una tortuga aquejada de reumatismo.

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Pero lo ocurrido en Monte Cristi, donde un fiscal retiró sorpresivamente los cargos contra una exfiscalizadora y cuatro agentes de la DNCD acusados de implantar drogas en una barbería del municipio de Villa Vásquez, como se aprecia claramente en un video que se hizo viral, nos está diciendo que también es necesario que pongamos atención sobre el comportamiento de los fiscales.

Y así parece haberlo entendido la Procuradora, quien afirmó que tan pronto tuvo conocimiento del hecho instruyó a la Inspectoría General del Ministerio Público investigar la actuación de ese fiscal, para determinar si hubo alguna acción indebida que amerite tomar los correctivos de lugar.

Pero antes de despedirme me permito sugerir que también se investigue, como parte del levantamiento sobre los ciudadanos agredidos o asesinados estando bajo custodia policial, el papel desempeñado en cada uno de esos casos por los fiscales, que se supone están para garantizar que se observe el debido proceso y, sobre todo, que se respeten los derechos, la integridad y la vida de los detenidos.