Adquirir una vivienda es un hito de estabilidad y éxito para cualquier persona. Sin embargo, este sueño puede convertirse en una pesadilla si cae en manos de estafadores que seducen a sus víctimas con ofertas irresistibles y promesas falsas, vendiendo propiedades inexistentes o con irregularidades legales.

Este tipo de fraude quedó evidenciado recientemente con el caso Operación Guepardo, un golpe ejecutado por el Ministerio Público contra una red delictiva liderada por Yves Alexandre Giroux, Loany Lismeiry Ortiz Nova, Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, a quienes acusa de estafar a más de 120 víctimas por un monto superior a los 18.8 millones de dólares, a través de estafas inmobiliarias y lavado de activos.

Ante esta preocupante realidad, el abogado e ingeniero especializado en ciberseguridad, Juan Matos, revela los pasos esenciales para verificar la autenticidad de un proyecto inmobiliario y evitar caer en las redes de estos estafadores.

Según explica el experto, una de las primeras señales de alerta al evaluar la autenticidad de un proyecto inmobiliario o vivienda es el precio, ya que si la oferta está muy por debajo del valor de mercado, podría tratarse de una estafa.

«O sea, si usted ve una propiedad cuyo precio está muy por debajo del mercado, debería alertarse. Evidentemente, las constructoras en la actualidad utilizan las redes sociales para ofertar las propiedades, pero a veces, en las redes sociales, con una imagen diseñada, un render, usted cree que se trata de ese inmueble, cuando ni siquiera existe», manifestó Matos durante una entrevista en el programa «El Día», que conducen Edith Febles Indhira Suero y German Marte.

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**Juan Matos, abogado e ingeniero especializado en ciberseguridad**

Destacó que, aunque comprar en plano ofrece algunas ventajas, como la posibilidad de dividir el pago inicial durante el tiempo de construcción del apartamento, el cliente no tiene garantía de que el proyecto final coincida con lo presentado en los planos o de que la entrega se realice en el tiempo estipulado.

«Hay mucho riesgo cuando compramos en plano, porque no tenemos la obra construida y, en estos casos, hay que hacer la debida diligencia… Es por eso que hay que hacer la debida diligencia para determinar que ese constructor o desarrollador inmobiliario realmente es una empresa con la suficiente experiencia y reputación para cumplir con lo que le está prometiendo», exhortó el jurista.

Continuó: «Es muy importante ver la reputación de la constructora, cuánto tiempo tiene operando en el mercado. Puede investigarlo en internet, ONAPI; hay asociaciones que agrupan a las constructoras o desarrolladores inmobiliarios, sería bueno verificar si ese desarrollador forma parte de esas asociaciones. Sería interesante investigar cómo se está financiando, si con el capital de la banca o el que van aportando los compradores. Cuando utiliza el capital de la banca hay un riesgo también de que incumpla, se declare insolvente y que finalmente no cumpla con sus compromisos».

Además, Juan Matos recomienda verificar si el proyecto ofertado está respaldado por una fiduciaria, ya que, según afirmó, esto brinda mayor seguridad al comprador.

«Quien está comprando tiene el derecho de tener acceso al título de ese terreno. Existe la Jurisdicción Inmobiliaria y la DGII (Dirección General de Impuestos Internos), que con un poder también puede investigar algunas cosas, como ver cómo está con el IPI, los temas de cargas y gravámenes, y verificar si ese título realmente existe. También está la Jurisdicción Inmobiliaria, porque es importante ver si ese terreno donde se va a construir el inmueble no tiene una oposición y si realmente está a nombre de la constructora, detalló.

Compra directa

En caso de adquirir una propiedad de manera directa, es decir, de una persona a otra, el ingeniero recomienda verificar si el vendedor está casado.

«Hay que tomar otras medidas cuando está comprando de manera directa a otra persona. Es importante identificar si la persona a quien le está comprando está casada, porque si está casada y en el contrato solo está firmando una persona, entonces solo estaría adquiriendo el 50 por ciento del inmueble. Hay que tener mucho cuidado y, de ser posible, contratar o pedir los servicios de asesoría de un abogado inmobiliario para que le ayude con estos procesos», expresó Juan Matos.

Sobre el caso Guepardo

En el caso Guepardo, el Ministerio Público también imputa a las empresas de fachada Novasco Real Estate SRL, Rodeca Marketing Group, RR Marketing Group y la franquicia RE/MAX One en República Dominicana.

Informó que en el operativo, ejecutado por la Fiscalía de La Romana junto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con el apoyo técnico y operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a través de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILATF) de la Policía Nacional, se llevaron a cabo 11 allanamientos en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, donde se incautaron propiedades, vehículos de alta gama, aparatos electrónicos, maquetas y documentación societaria relacionada con el delito investigado, entre otros.

La procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la fiscal titular de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, manifestaron que la investigación ha detectado un entramado a la perfección, donde publicaban por redes sociales y recibían transferencias de compradores interesados en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, sin embargo, la investigación preliminar, en la que participaron los fiscales Bienvenido Florentino y Claudio Cordero, de la Fiscalía de La Romana y la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, respectivamente, ha desenmascarado esta estructura delictiva.

Cabe destacar que la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana fijó para el martes 18 de febrero de 2025 el conocimiento de la solicitud de 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción.