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Un juez impuso dos meses de prisión preventiva como medida de coerción contra dos de las cinco personas acusadas de la muerte del niño Maikel Esmil Álvarez, en el Centro de Atención a la Primera Infancia (Caipi) en San Francisco de Macorís.
Se trata de Rosmerys Cross Olivo y Katerin Castaño, a quienes el juez Dalvin López, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte, ordenó cumplir la medida en la cárcel de Salcedo.
En tanto que Carmerys Liriano de Candelier, encargada administrativa; Elena Hernández Muñoz, técnico territorial; y Yanina Rojas Moronta, coordinadora de agente educativo del referido Caipi, fueron favorecidas con la libertad pura y simple.
Tres posibles escenarios para definir responsabilidad muerte de niño en Caipi
Olivo y Castaño, son acusadas de homicidio involuntario, abandono y maltrato a menores de edad, tipificado y sancionado en los artículos 319 y 351, párrafo 2, del Código Penal.
El Ministerio Público afirma que “la muerte del infante ocurrió en dicho centro el pasado 2 de septiembre, al parecer mientras se encontraba jugando con un carro dentro de un cubo con un aproximado de 70 cm de un líquido incoloro que se presume es agua”.
En la solicitud de medida de coerción la fiscalía establece “que el hecho se produjo por la torpeza, imprudencia, negligencia, e inobservancia de los reglamentos del personal responsable de los niños”.
El médico legista actuante en el caso, certificó la muerte como asfixia por inmersión. Sin embargo, los familiares de Maikel Esmil Álvarez, aseguran que su rostro presentaba golpes, por lo que piden profundizar las investigaciones.
