Al menos 2.000 menores de edad han muerto en México desde 2006 en la lucha contra el narcotráfico, un baño de sangre que ha salpicado el país en trágicos sucesos que los familiares no olvidan, y que temen pueda agudizarse de aprobarse una ley sobre el papel de los militares en las calles.

«Las tasas de homicidio se han incrementado de manera impresionante, particularmente en niños, niñas y adolescentes. En el segmento de 15 a 17 años de edad se tienen 30 % más de posibilidades de ser asesinados que siendo adultos», denuncia a Efe el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Juan Martín Pérez.

En el marco de la llamada guerra contra el narcotráfico del mandatario Felipe Calderón (2006-2012), marinos y soldados salieron a las calles, en una polémica decisión que el actual presidente, Enrique Peña Nieto, no cambió y ha dejado espeluznantes cifras: unos 28,000 desaparecidos y más de 170,000 muertos hasta 2016.

En este contexto, los menores de edad han visto cómo la estela de muerte los persigue, y cada vez de manera más cruel.

Y el número de víctimas puede ser mayor, pues el recuento de 2.000 muertes asociadas a la lucha contra el crimen organizado es fruto de una documentación en base a recortes de periódicos, averiguaciones previas o testimonios.

El trabajo ha permitido localizar geográficamente las zonas más mortíferas para los jóvenes, pero también revela la falta de información oficial existente, remarca Pérez.

Los jóvenes son atacados por tres principales razones. Por ser hijo de alguna persona vinculada a una confrontación -ya sea integrante de un cártel o de un agente de seguridad-, por su propia implicación en el crimen organizado o al ser secuestrados por narcotraficantes a fin de causar terror en una zona, explica.

Según el experto, en los primeros años los menores eran principalmente víctimas en «cruces de disparos» en enfrentamientos.

Fue hacia 2011 cuando se empezaron a registrar ataques directos a niños. «No solamente eran homicidios con arma de fuego, sino que muchos de estos cuerpos habían sido víctimas de tortura o algún otro tipo de mutilaciones», apunta el titular de la Redim.

Solo algunos casos han trascendido a la ciudadanía y ponen de manifiesto lo injusto que resulta la pérdida de vidas tan jóvenes.