En el contexto de las preocupaciones que en el país generan la criminalidad y la tendencia al uso brutal de la fuerza en la interacción social, la trágica muerte el pasado lunes del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, obliga a reasignar prioridad al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
Habría que comenzar con una revisión de los métodos y disposiciones legales ideados para proteger vidas y propiedades expuestos a notables riesgos por la proliferación de armas de fuego, entre otras precondiciones.
Artefactos de muerte en manos de antisociales y de individuos de conducta aparentemente intachable pero sin condiciones morales y emocionales para un manejo responsable de instrumentos letales fáciles de obtener.
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No es posible, para fines inmediatos, eliminar las causas estructurales que mueven a los seres humanos a actuar contra el prójimo para el despojo o por cualquier otro motivo impulsado por problemas de personalidad.
En lo que se logra desarmar en mayor medida las iras y mezquindades en los espíritus, la sociedad debe ser protegida con eficientes restricciones de orden público y penales.
Con estrictas barreras contra la circulación y presencia de personas armadas sin ser agentes de la seguridad y mucho menos que puedan llegar sin obstáculos a lugares privados ni a despachos de hombres de paz y conciliación como era don Orlando Jorge. Inaceptables flexibilidades e imprevisiones ajenas a la realidad de los peligros abren puertas a la desgracia.