La Asociación Nacional de Dueños de Farmacias aclaró hoy que sus afiliados no propician la venta de medicamentos adulterados ni de contrabando en ninguno de sus establecimientos, ya que considera que esta es una práctica ilegal y criminal que pone en juego la salud de la población.

En ese sentido, el presidente de la entidad, Rubén Céspedes, dijo desconocer las cifras emitidas por un ejecutivo de la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF), de que el 12% del abastecimiento de medicamentos a las farmacias son falsas o adulteradas.

No obstante, Céspedes denunció que hay establecimientos que se hacen llamar farmacias y operan de manera ilegal, refiriéndose a locales que abren en diferentes lugares del país con un letrero de farmacia siendo abastecidos por los suplidores sin estar autorizados por el Ministerio de Salud Pública, lo cual a su juicio constituye un peligro para la salud de la ciudadanía, por lo que llamó a las autoridades a enfrentar esa situación.

“Entendemos el esfuerzo que hacen las autoridades de salud pública ante las repetidas quejas de esos centros clandestinos, pero en reiteradas ocasiones nos han dicho que no cuentan con el apoyo y los recursos suficientes para clausurar esos negocios ilegales”, declaró.

Rubén Céspedes también se quejó de que las diferentes asociaciones de propietarios de farmacias hayan sido excluidas de la Comisión de Prevención y Combate a Medicamentos Falsificados creada por la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), del Ministerio de Salud Pública, en cumplimiento a la aplicación del decreto 249-06.

Las ARS. En otro orden, la Asociación Nacional de Dueños de Farmacias denunció que las Administradoras de Riegos de Salud (ARS) les exigen hasta un 10% de descuento en la facturación de los medicamentos despachados a sus afiliados, alegando que sin esa rebaja sus negocios no serian rentables.

En ese orden, llamó a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISARIL), a prestar atención a esa denuncia, ya que la medida es abusiva y violatoria a la Ley 87-01, sobre Seguridad Social.