Economía

Riesgo

FEM respalda la acción contra la Ley 98-25

Plantea política pública debe sustentarse en criterios de equidad, proporcionalidad y sostenibilidad económica.

Ley 98-25

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La Federación de Mujeres Empresarias (FEM) expresó su respaldo a la posición asumida por la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) y por los distintos gremios empresariales que han interpuesto una acción directa de inconstitucionalidad contra disposiciones de la Ley 98-25, relativa a la gestión integral de residuos sólidos.

La organización destacó que las mujeres empresarias dominicanas mantienen un firme compromiso con la protección del medioambiente y la adopción de prácticas productivas responsables. Sin embargo, advirtió que toda política pública debe sustentarse en criterios de equidad, proporcionalidad y sostenibilidad económica, especialmente cuando impacta a las micro, pequeñas y medianas empresas, que constituyen la base del aparato productivo nacional.

FEM señaló que la imposición de cargas económicas, técnicas y administrativas desproporcionadas pone en riesgo la continuidad de los negocios, limita la competitividad del sector y amenaza la generación de empleos, afectando de manera directa la estabilidad de miles de unidades productivas en el país.

En ese contexto, la entidad subrayó que la sostenibilidad ambiental debe avanzar de forma armónica con el desarrollo productivo, a través de un marco regulatorio equilibrado e inclusivo, que tome en cuenta la capacidad contributiva y la realidad operativa de las Mipymes, evitando distorsiones que comprometan su viabilidad.

Estas declaraciones fueron sustentadas por Rossy Escotto Minaya, presidenta de la Federación de Mujeres Empresarias (FEM), quien reafirmó que el gremio respalda iniciativas orientadas a fortalecer la gestión ambiental, siempre que estas se construyan mediante el diálogo y el consenso, sin afectar la sostenibilidad de las empresas ni el impacto positivo del sector productivo en la economía nacional.

Finalmente, FEM reiteró su disposición de colaborar en espacios de concertación que permitan construir soluciones consensuadas, capaces de fortalecer la gestión ambiental del país, sin comprometer la competitividad empresarial ni el desarrollo económico. 

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