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Acceso playas

Ocupación de franja costera es limitar los derechos

Carvajal sostuvo que el respeto a los 60 metros de la costa garantiza acceso público, protección ambiental y reducción de riesgos

Luis Carvajal

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El ambientalista Luis Carvajal advirtió que la ocupación de la franja marina y costera de 60 metros constituye una limitación al derecho de acceso público a las playas y plantea desafíos para el modelo de desarrollo turístico del país.

Explicó que esta franja no solo es una zona de protección ambiental, sino también un espacio de uso público que, según indicó, no puede ser restringido salvo por razones de seguridad.

Señaló que la ocupación de áreas, incluso de hasta 70 metros, implica una forma de privatización de un espacio que la Constitución establece como abierto. Afirmó que el desarrollo del turismo no debe contradecir la Constitución ni excluir a la población.

Citó ejemplos de destinos turísticos internacionales como México, Brasil y Miami, Estados Unidos, donde, afirmó, las playas mantienen su carácter público aun con una fuerte inversión hotelera. Señaló que en esos países es posible recorrer largos tramos de costa sin restricciones, lo que permite integrar el turismo con el uso local.

Sostuvo que el impulso del turismo no debe ir en contra de los derechos de la población. Indicó que el respeto a los 60 metros responde a criterios ambientales, de seguridad y de acceso ciudadano. A su juicio, estos elementos deben formar parte del modelo de desarrollo turístico.

Acciones a desarrollar por el Estado

Sobre las acciones del Estado, planteó que los proyectos existentes y los nuevos deben ajustarse a la normativa vigente. Consideró necesario establecer un programa de adecuación para las construcciones ya levantadas, con medidas que reduzcan impactos y garanticen el acceso público.

Indicó que, en algunos casos, no sería viable la demolición de infraestructuras existentes, pero sí la aplicación de medidas de ordenamiento, restauración y control para mitigar los efectos sobre la franja costera.

Asimismo, sostuvo que los nuevos desarrollos turísticos deben cumplir de manera obligatoria con la ley y respetar el límite establecido, a fin de evitar mayores afectaciones ambientales y conflictos por el acceso a las playas.

Sobre el autor

Mayelin Acosta Guzmán

Periodista y economista graduada de la UASD. máster en Dirección y Organización de Proyectos de Nebrija y diplomados en Economía, ciberseguridad, turismo, periodismo digital, entre otros. Apasionada de curiosear con el mundo e informar veraz y oportunamente.