Egipto, país que lidera las estadísticas de mutilación genital femenina (MGF) de Oriente Medio, con un 92% de las mujeres casadas de entre 15 y 49 años sometidas a esta práctica, mira al sistema de salud tratando de dar una respuesta efectiva a un problema complejo.
El 82% de las mujeres que han sufrido la MGF, una práctica castigada penalmente en Egipto, fue operado en un centro clínico, una tendencia al alza en este país, según un informe del Ministerio egipcio de Sanidad publicado en 2014.
El Gobierno egipcio prohibió las ablaciones en 2008 y, en 2016, las tipificó como delito en su código penal, pero, aunque las mismas se practican normalmente en áreas rurales con instrumentos rudimentarios y no esterilizados como cuchillas de afeitar, existe una tendencia al alza de acudir a profesionales sanitarios para realizar esta práctica.
“Más del 80% de las mutilaciones se realizan en hospitales privados porque los pacientes consideran que tienen más garantías y no están tan regulados como los públicos”, asegura a Efe Amr Hassan, relator del Consejo Nacional de Población (NPC), órgano vinculado la oficina de Asuntos Presidenciales.
Hay un contraste entre generaciones y, así, el 37,9% de las madres egipcias pasaron por un quirófano, mientras que las hijas y las nuevas generaciones lo frecuentaron en un 81,9% de los casos.
Por esta razón, el Ministerio de Sanidad prohibió en 2008 que cualquier persona practicara ablaciones, incluidos los profesionales médicos. “Es una atrocidad y ni siquiera los médicos pueden prevenir los efectos secundarios que genera. Es un crimen y ningún doctor decente debería prestarse” a ello, condena el relator del NPC, quien remarca que la mutilación genital es la primera forma de violencia contra las mujeres en Egipto.
El código penal prevé una condena de entre cinco y siete años de prisión para todo aquel que practique una de estas intervenciones sin que atienda a razones estrictamente médicas.
Pero, pese a la ley vigente, las mutilaciones se siguen practicando de manera clandestina en hospitales, que asumen el riesgo de ser clausurados por el Gobierno debido a la gran demanda que genera.
“Es algo entre el paciente y el profesional. Funciona de manera clandestina, negocian y acuerdan un precio. En este delito todo está organizado entre los padres y los médicos”, detalla el relator. Conforme al Fondo de Población de las Naciones Unidas, a día de hoy hay al menos 200 millones de mujeres y niñas en el mundo que han sufrido esta resección total o parcial de los genitales externos por motivos no médicos.
De estos 200 millones, más de la mitad de las víctimas de la MGF se concentra en Egipto, Etiopía e Indonesia, países en los que la ablación está prohibida por ley y considerada una violación a los derechos de la mujer.
No obstante, muchas familias siguen esta tradición porque consideran que la MGF es una obligación religiosa y una manera efectiva de preservar la virginidad de sus hijas.
“Lo más difícil es luchar contra las ideas preconcebidas con raíces milenarias”, lamenta Hassan. “Por esto, tenemos que usar todas las armas que tenemos a nuestra disposición, ya sean los medios de comunicación o personalidades religiosas que expliquen que la MGF no tiene nada que ver con el Islam”, destaca el relator.
De hecho, Al Azhar, la máxima autoridad de la ley islámica en Egipto, condena la MGF y argumenta que no tiene fundamento ni legitimidad en la religión mayoritaria del país. Actualmente, el NCP y otros organismos y organizaciones no gubernamentales están impulsando campañas de concienciación para prevenir a las familias de esta práctica, que “poco a poco va decreciendo”, asegura Hassan.
Aparte de Egipto, en Oriente Medio la ablación se lleva a cabo en el Yemen e Irak, países en los que al 23% y el 8% de las mujeres y niñas, respectivamente, han sido sometidas a esta práctica.
La MGF, una tradición con más de 2.000 años de historia, sigue practicándose en una treintena de países, veintiocho de los cuales se encuentran en el continente africano y el resto se reparten por Oriente Medio y Asia.
“Estoy convencido que la ley contra la MGF y las campañas que llevamos a cabo reducirán considerablemente el número de casos”, confía Hassan, quien está elaborando un nuevo informe que se publicará a finales de 2019.
“Pero el único resultado aceptable es llegar al 0%”, sentencia.