Con el Centro Correccional La Nueva Victoria (CCR), principal proyecto del Plan de Humanización, el exprocurador Jean Alain Rodríguez y compartes tenían un denominador común a la hora de pactar las adjudicaciones: en la mayoría de los acuerdos el 20 % de la totalidad del presupuesto del la obra era la norma.

Así lo deja ver el expediente acusatorio en el que figuran 42 imputados del caso denominado Medusa, en el que la Procuraduría General de la República sindica al exfuncionario como el presunto cabecilla del entramado.

Uno de los principales acuerdos que figuran en la instrumentación que preparó el órgano acusador es el que hizo el exprocurador y el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla. Aquí, dice el Ministerio Público, se pactó el 20 %.

Pero son más de 400 páginas las que detallan otras negociaciones que giran en torno a la misma partida del pastel presupuestario para construir La Nueva Victoria.

«La selección de estas empresas adjudicatarias del Plan de Humanización eran captadas tanto por los miembros de la estructura criminal que operaba en la Procuraduría General, como por personas allegadas a esta estructura, estableciendo como requisito para garantizarles la adjudicación, el pago de un 20 % del total de la obra adjudicada», asegura el órgano persecutor en un expediente de más de 12 mil páginas.

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Otro ejemplo, es el evidenciado en el referido informe, en el cual cuando se revisan los pagos realizados a la Constructora WOXXEN SRL, se observó que el contrato firmado entre las partes, posee la misma fecha de la emisión del cheque correspondiente al avance del 20 % ascendente a la suma de 138 millones de pesos. En la afirmación, que textualmente la hace el Ministerio Público, figura el mismo número. Y es la norma para otras empresas vinculadas al caso.

Más del 20 %

Pese a que ese fue el denominador común, hay casos que, aunque se pactaron por el mismo porcentaje del presupuesto total, otras empresas lograron llegar hasta un 30 %, como el caso de Rowell Guzmán Martínez, por First Medical Depot by Guzmán, S.R.L., como el proveedor, por concepto de suministro de equipos e insumos para la puesta en marcha del laboratorio de identificación de ADN, por más de 47 millones de pesos.

El detalle sobre ese específico acuerdo, según la Procuraduría, fue: «20 % por concepto de avance del monto total adjudicado, treinta días luego de la suscripción del contrato; 30 % al finalizar la adecuación del espacio; 30 % al finalizar la entrega de los equipos, y el 20 % restante con la entrega y puesta en marcha del laboratorio».

Y continúa: «En la modalidad de pago de comisión por la adjudicación del proyecto del laboratorio de ADN a la empresa First Medical Depot by Guzmán, SRL, los acusados Jean Alain Rodríguez, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y Rafael Stefano Canó Sacco, condicionaron el desembolso del cuarto y último pago equivalente a un monto de nueve millones quinientos mil trescientos setenta y ocho pesos (RD$9, 500,378.00), a la entrega del dinero exigido por los acusados. Al efecto, Claudio Manuel Jiménez Pérez, le explicó al ciudadano Rafael Stefano Canó Sacco que pagaría el dinero exigido, pero a partir de la ejecución del último pago pendiente, o sea, ese último pago representaba el 20% del monto
total».

La Procuraduría insiste en el expediente que esos acuerdos presuntamente a sobornos, en muchos de los cuales participaron varios de los señalados en el caso para lograr el objetivo contra el dinero del Estado.

«El cobro del 20 % en los procesos de compras y contrataciones era un estándar con el que se manejaba el entramado criminal para enriquecerse a costa del Estado dominicano y los intereses públicos», establece la instrumentación en una de la más de 12 mil páginas.