Un año de conjunción de adversidades está a punto de expirar en cuyo transcurso se vivió un proceso electoral accidentado y desigual por los excesos del poder con la posposición sin precedentes de uno de los previstos episodios electorales; la llegada del virus SARS-CoV-2 que a la fecha registra 2,409 defunciones y 169,579 contagiados y una economía con renglones que descendieron a parálisis severas.

En la danza de los meses del 2020 se perdieron cientos de miles de empleos, numerosos negocios sucumbieron y el turismo estuvo cerrado, crisis exacerbadas de las que República Dominicana debe levantarse sin haber superado la posibilidad de sufrir una recaída en materia de salud la madre de las otras vicisitudes. Entre enero y marzo, más de 42,000 personas salieron de las filas de la ocupación, según apreciaciones oficiales. Era apenas el comienzo.

En el lado positivo 2020 se despide dejando en marcha importantes medidas de impulso financiero con expansión de flujos monetarios y una ostensible reorientación del gasto para favorecer la recuperación.

La hotelería reabre paulatinamente y la inversión extranjera directa en este renglón muestra una notable elevación como señal de confianza en el futuro inmediato de una de las principales fuentes de divisas del país. Aparte del saludable curso ascendente de la llegada de remesas cuyos totales superaron el 30% de un mes a otro con índices que establecieron récords.

Aunque las estadísticas oficiales hablan de un retorno a plazas laborales del 50% de los asalariados suspendidos a raíz de la pandemia, para el resto de los desocupados por esa causa y que están fuera de la reintegración, pende como espada de Damocles sobre sus cabezas la expiración en el primer trimestre del nuevo año de diversos subsidios estatales de mitigación que indefectiblemente tendrán que cesar.

Se cuentan por miles los hombres y mujeres y sus familias forzados a sobrevivir por largos meses con menos ingresos de los que formalmente recibían de los empleadores que los dejaron a su suerte en medio de una cuarentena que ya pasa de los 284 días.

En la política. En el plano político y estatal, el país comenzó desde el último agosto a experimentar las sacudidas de un cambio de Gobierno que arribó con metas de desmantelamiento o refundición de entes estatales en el campo eléctrico (CDEEE y Edes) y en el área de construcciones públicas con la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Oisoe, como primer objetivo, y en el área social quitando del medio a la Oficina de la Primera Dama, presagiándose una eliminación mayor de duplicidades que tomaría tiempo.

Sin embargo, no está definido el precio social de las barridas sobre nóminas que ya mandaron hacia sus casas a 40 mil servidores del sistema educativo, que ha impreso fuertes huellas en los cuerpos técnicos de organismos públicos del sector agrícola.
Además escandalizaron a la clase médica con un alto número de despidos injustificados en hospitales, que luego fueron echados atrás sin que haya sido espantado del todo el fantasma de las cancelaciones que suelen tener como único fin hacer espacio a cientos, y quizás miles, de activistas que presionan para entrar a la burocracia oficial en premiación a sus “desvelos partidarios”.

Poder Judicial. En el ajedrez de la vida nacional y la relación entre poderes de la República, incluyendo el Judicial, 2020 fue el año en que lanzó sus primeros fulgores una gestión independiente del Ministerio Público, así recibida por núcleos de la vida civil no politizados.

De repente pasaron a los primeros planos de la atención pública, los conceptos “pulpo” y “calamar”, como supuestos entramados de corrupción de cuello blanco, con tráficos de influencias y acusaciones de fraudes gigantescos atribuidos por la Pepca a hermanos y cuñados del anterior presidente Danilo Medina.

A renglón seguido estalló en el ojo de la tormenta que parece dirigir sus vientos contra la corrupción, generalmente indoblegable, una inculpación a la Cámara de Cuentas de obstrucción a investigaciones en marcha sobre actos de peculado atribuidos a figuras del gobierno anterior.