Las excesivas demandas interpuestas por abogados y entidades públicas a los periodistas y el acoso al momento de ejercer sus funciones censuran el derecho de la libertad de expresión. Una práctica insidiosa que se ha intensificado en la región y va en crecimiento en la República Dominicana.

Durante la intervención de expertos del área judicial y periodistas internacionales en el diálogo “Libertad de Expresión y Derecho” coincidieron que las peticiones de rectificación sin argumentos, denuncias penales por injuria y demandas civiles son armas de intimidación que afectan a los medios de comunicación y el trabajo periodístico con que los denunciados, sobre todo, sectores de poder, restringen la libertad de expresión.

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Pero la opresión de censurar al medio o asesinar al periodista implementadas en el siglo XVIII son mecanismos pocos usuales en la actualidad, hoy en día, las extravagantes demandas llevadas a los tribunales ha encabezado la principal forma de venganza para el periodista por decir la verdad, según explicó Namphi Rodriguez, abogado y Escritor, profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo. “Llevar a periodistas y defensores de derechos humanos a tribunales de manera recurrente como un mecanismo de presión para que desistan o se inhiban de críticas de los sectores de poder es conocido como el fenómeno de la Judialización Pública”.

A juicio de Rodríguez, el núcleo esencial de la libertad de expresión es el derecho a decir lo que las personas no quieren escuchar, sin ser cuestionados, ni molestados por ello.

Mal uso de una buena ley

En la actualidad la lucha de la libertad de expresión continúa, para Jimena Conde, se ha trabajado intensamente en proponer un marco jurídico renovador y más garantista del derecho a la libre expresión a nivel nacional. Hace un tiempo que una comisión de expertos trabaja en reformar y sustituir la ley 6132.