Hoy 
La serie de gruesas acusaciones de corrupción (2016-2020) que ha ido hacia los tribunales con elaborados expedientes en propósito de demostrar que el Estado fue víctima de un mayúsculo saqueo, tiene a esta sociedad sumida en desconcierto, dramáticas interrogantes y sed de justicia.
Coinciden estas horas de conmoción, en las que converge la atención del país, con la arrancada de aspiraciones presidenciales que se distancian en sus discursos del impacto que causa el Ministerio Público al rebuscar en un cercano pasado de los ejercicios de poder.
Aun sin conectar en modo alguno con los casos llevados a la justicia, ni haber dado motivos para dudar de su integridad, la mayoría de los activos precandidatos al solio, fieles a su máxima dirección partidaria, proviene de la misma matriz política que alcanza una amplia representación llevada a corte.
Es inevitable que sus siglas y trayectoria aparezcan repetidamente en el contexto de esfuerzos históricos por castigar supuestos, pero descomunales, actos de corrupción.
Pretender que cualquier debate o campaña hacia las urnas se sustraiga, con un comportamiento de avestruz, de lo que el enriquecimiento ilícito ha representado siempre, y trajo singulares escándalos recientes, es subestimar a la mayoría ciudadana que repudia tales conductas y aspira a una cruzada para prevenirlas.
Es colocarse al margen de la meta nacional de que ninguna apropiación de bienes públicos, ni trama para lograrla, quede impune.
