Aunque se trata de un cargo honorífico, por el que no cobra ni un centavo, hay que suponer que Roberto Santana, asesor del Poder Ejecutivo en materia penitenciaria, debería tener una comunicación fluida con su asesorado, que no es otro que el Presidente de la República, pero su reciente destape denunciando la endémica corrupción de la cárcel de La Victoria y acusando a “gente de la Procuraduría” de boicotear el trabajo de Miriam Germán hacen pensar que esa vía de comunicación no existe o enfrenta serios problemas.

Su denuncia causó gran revuelo, como era de esperarse, en los medios de comunicación, que le dieron gran despliegue. Pero también sorpresa, no solo porque el asesor pudo o debió encontrar otra forma menos estridente para ofrecer su opinión sobre asuntos relacionados con el tema penitenciario como es la situación legal de la cárcel que se construyó en Las Parras o la corrupción que gobierna en La Victoria, sino porque también coincidió con el exprocurador Jean Alain Rodríguez, quien guarda prisión en Najayo acusado de corrupción y lavado de activos, entre otros delitos que se le imputan.

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Y aunque al otro día trató de arreglarlo lo mejor que pudo aclarando que no quiso decir lo que todo el mundo entendió, ya el daño estaba hecho; y si no que le pregunten a Miriam Germán, quien no está precisamente contenta con su denuncia, que se ha negado a responder no obstante la gravedad que le han atribuido los medios.

Como pasa siempre, el alboroto que provocó ha ido apagándose y muy pronto ya no se hablará del tema, razón por la que tal vez no sepamos nunca con quién reparte el jefe de seguridad de la cárcel de La Victoria los siete millones de pesos que, según las declaraciones que ofreció Roberto Santana en el programa de Mariasela Alvarez, recibe semanalmente por concepto de peaje.

Pero eso no evitará que haya gente que saque la conclusión, luego del episodio, de que con asesores así este gobierno no necesita enemigos.