No exagero si digo aquí que el proyecto de Código Penal bajo estudio de una Comisión Bicameral en el Congreso se extravió en un laberinto de intereses contrapuestos que no lo dejan avanzar en la dirección correcta, y a juzgar por las acusaciones que continúan haciéndose unos a otros los representantes, abiertos o camuflados, de esos intereses, no parece probable que el resultado final sea el que espera la sociedad dominicana de estos tiempos.

Porque justo cuando parece, y así fue anunciado, que se ha logrado un consenso y que el proyecto será aprobado pronto, surgen denuncias de que muchos de los aspectos ya discutidos y consensuados, que se consideraban temas cerrados y suficientemente debatidos, reaparecieron misteriosamente.

Ayer, para poner un ejemplo que debe preocuparnos a todos, organizaciones que trabajan en defensa de la niñez denunciaron que al borrador del Código se le incluyó un eximente a la violencia intrafamiliar de la “disciplina bien aplicada” de los padres hacia los hijos, lo que dejaría una brecha enorme para que estos sean objeto de maltrato y violencia.

Entretanto, obispos de los principales concilios evangélicos se quejaron públicamente de que los legisladores reciben presiones para introducir en el proyecto nuevas categorías de discriminación, tales como identidad de género y orientación o preferencia sexual, para favorecer, según dicen, la agenda LBGTI.

En ese torbellino de intereses distintos y diametralmente opuestos se teme que finalmente se impongan los que tienen mayor capacidad para presionar a los legisladores, que por haber demostrado tantas veces que primero están sus intereses personales y políticos y luego los de sus electores, podrían terminar complaciendo a esos sectores.

Aunque el resultado final sea un engendro medieval que le de la espalda, de manera cobarde y vergonzosa, a los cambios experimentados por la sociedad dominicana del siglo XXI.