El expresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, afirmó que en el 2018 había un retraso de más de 110 leyes que deben ser aprobadas o actualizadas por mandato de la Constitución del 2010 y dijo que el presidente del Tribunal Constitucional tiene razón en quejarse de esta mora congresional.

Maldonado narra los esfuerzos que hizo su gestión por cumplir el imperativo constitucional y entiende que la tardanza ha sido por dejadez. En esto comparte opinión con el juez titular del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara.

Entre esas leyes está la de Medios de Comunicación, la del Referéndum y otras destinadas a desarrollar al país en material penal, de administración pública, del control social y protección de distintos sectores.

Ningún presidente de la Cámara de Diputados, indicó, ha mostrado interés en actualizar la Constitución del 2010.

Sostuvo que Ray Guevara quiere dejar resuelta esta situación y lo han conversado.

Recordó que en 2017 inició un proceso de identificar las leyes pendientes y descubrieron que eran 110, por lo que designaron una comisión de juristas, quienes ayudaron a elaborar los proyectos de leyes que fueron sometidos al Congreso en el 2018.

Muchos de ellos perimieron y otros quedaron en las comisiones. Ante este suceso, revisan los que se pueden reintroducir.

Maldonado cree que la actual legislatura tendrá la voluntad de desempolvar las leyes y aprobarlas.

Jurista advierte fallos contrato Punta Catalina

El jurista Olivo Rodríguez Huerta considera que el contrato de fideicomiso para el manejo administrativo de la Termoeléctrica Punta Catalina tiene una serie de contradicciones que violan el régimen jurídico del sector eléctrico, las disposiciones legales y constitucionales en materia de libre competencia, y la Ley de Administración Pública en cuanto a la delegación de funciones a un Comité Técnico.

Al hacer un análisis del contrato, que ha sido cuestionado por amplios sectores, y que además fue aprobado por la Cámara de Diputados sin haber sido leído por la totalidad de los legisladores, Rodríguez Huerta sugiere al Gobierno aplazar la decisión sobre el destino de la titularidad de la termoeléctrica, hasta tanto el Congreso Nacional sancione la ley sobre fideicomisos públicos sometida por el Poder Ejecutivo en la pasada legislatura.