Hoy 
Con la solidez de lealtades que dejaba fuera de dudas que sería aprobado como ocurrió, el contrato reformado y renovado de concesión de siete aeropuertos del Estado pasó veloz por la Cámara de Diputados con reducción a una sola lectura (sin lectura) y sin sujeción a procedimientos; que debía ser debatido con la minuciosidad de análisis y contrastación de puntos de vista; de réplicas y contra réplicas definitivamente imprescindibles para justificar ante la nación con respuestas puntuales a atendibles objeciones planteadas a la permanencia en manos privadas de bienes públicos de muy elevados costos y operaciones de lucros sustanciales delegadas a particulares. A ese mismo nivel alto debía estar la transparencia y la demostración contundente de que con la reestructuración contractual el país es el más beneficiado fuera de que, se acepte que los términos anteriores estaban documentados como contrarios al interés nacional.
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Tratándose de una extensión de compromisos al vapor, de larga duración y sin el rigor de la multiplicidad de opciones a considerar previamente por tratarse de ceder patrimonios de la nación, el apresuramiento legislativo conlleva riesgos de festinación. Una celeridad que ha brillado por su ausencia en las augustas salas de los hacedores de leyes para dar curso a reformas cruciales; imperiosamente requeridas para la República como la que devendría de aprobarse un Código Penal sistemáticamente sacado de las agendas y convertido en deuda impagable con la sociedad.
