Una denuncia de los productores de Somos Pueblo, que se hizo viral en las redes sociales, obligó a Edenorte a dejar sin efecto una licitación por más de 200 millones de pesos para la compra de conductores y materiales eléctricos adjudicada de manera irregular, según los denunciantes, a una empresa que no cuenta con la certificación para suplir el material solicitado. Pero no solo eso; “ganó” esa licitación a pesar de que otras empresas ofertaron 80 millones de pesos por debajo de la empresa escogida. ¿Les suena familiar?

Es probable que con el retiro de la licitación por parte de Edenorte, cuyo director envió una comunicación a Contrataciones Públicas informándole su suspensión y el inicio de una investigación “hasta esclarecerlo todo”, eso se quede de ese tamaño, pero resulta obvio que se produjo, cuando menos, un intento de defraudar al Estado dominicano que no se materializó gracias a la denuncia de Somos Pueblo. A quienes, al igual como ocurre con Alicia Ortega y Nuria Piera, este país no tiene conqué pagarles sus aportes a la lucha contra la endémica y omnipresente corrupción.

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Pero aunque eso se quede así y en Contrataciones Públicas decidan ignorar las irregularidades denunciadas, algo comprensible cuando se piensa que este gobierno no necesita más escándalos que pongan bajo cuetionamiento su proclamada intención de hacer las cosas de manera diferente, nunca podrá alegarse, por razones que saltan a la vista y confirma cada auditoría que realiza la Cámara de Cuentas (la más reciente, todavía calientica, al Propeep y el programa “Pinta tu Barrio” confirmando irregularidades denunciadas por Alicia Ortega en El Informe), que se trató de un caso aislado.

Tampoco puede nadie dar garantías, ni dentro ni fuera del gobierno, de que será el último, de que ningún funcionario volverá a intentar amañar una licitación, ya que para nuestra desgracia, cuando se habla de corrupción, se está hablando del cuento de nunca acabar.