Nadie pide respeto al debido proceso cuando la Policía Nacional o la DNCD realizan redadas indiscriminadas en los barrios apresando a jóvenes “sospechosos” solo por llevar una “pelada caliente”, a muchos de los cuales les colocan drogas para luego extorsionar a sus familiares.

Tampoco se pide respeto al debido proceso en el caso de los más de 16 mil presos preventivos, el 61% de la población carcelaria, que se amontonan en nuestras cárceles, pues ni ellos ni sus familiares tienen dinero para pagar un abogado caro, de esos que se las saben todas, para que los libren de todo mal.

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Y es que los hechos han demostrado, y siguen demostrando, que los únicos que tienen derecho a que se cumpla el llevado y traído debido proceso son los grandes depredadores de la riqueza nacional, en su mayoría políticos que aprovechan su paso por el gobierno para amasar fortunas inmensas, que siempre encuentran cómplices entre nuestras élites económicas y empresariales, que como estamos viendo con Operación Calamar cada vez se atreven a más.

Con esos señores hay que andarse con todos los periquitos que exigen las leyes y la Constitución de la República así como respetar los plazos que, en materia de prisión preventiva, establecen nuestros códigos, de lo que se encargan con admirable escrupulosidad los “jueces valientes” de los que se siente tan orgulloso el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Luis Henry Molina.

Por eso hay que tratar de entender la frustración del director de la PEPCA, Wilson Camacho, cuando se queja de que este es el único país donde el debido proceso solo se aplica para beneficiar a los procesados por corrupción. Lo que Yenni Berenice Reinoso, directora de Persecución de la Procuraduría, ha bautizado acremente como “jurisprudencia de la corrupción”, que no es otra cosa que el sistema de justicia al servicio de los beneficiarios del flagelo. Que en este país, avergüenza reconocerlo, tiene demasiados cómplices y protectores.