Hoy 
La sociedad dominicana tiene derecho a saber todo lo ocurrido en la administración pública, en cualquier tiempo, para cometer los llamados actos de corrupción que conocen nuestros tribunales. Existe el derecho a saber y también el derecho a ser informado, sobre todo en cuestiones de orden público. La transparencia no es una abstracción, no es una consigna político-electoral, no es un aguaje. La transparencia en un ejercicio que permite ver lo que está ocurriendo del otro lado de la pared, en este caso en la administración pública. El Ministerio Público lleva más de dos años ocupado en la detección de actos de corrupción que se habrían cometido en la administración pública y como consecuencia de sus indagaciones y averiguaciones ha elaborado unos expedientes contra ciudadanos que ocupaban importantes posiciones en la administración pública y los ha enviado a los tribunales, acusándolos de formar presuntas redes para engañar al Estado y a terceros con millones de pesos. Los ciudadanos, quienes como contribuyentes son los sostenedores de la administración pública, tienen derecho legítimo a ser informados sobre cómo se manejaban los fondos públicos, si hubo o no prevaricación, si se registraron desvíos de los mismos a favor de terceros y qué proyectos de trabajo, qué programas, etcétera, habrían quedado afectados por las acciones que hoy se discuten en los tribunales de la República.
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Las quejas de quienes quieren enarbolar la opacidad como bandera legítima, no es válida. Los medios de comunicación tenemos derecho a informar sobre los expedientes en justicia, respetando y haciendo respetar siempre el principio de inocencia y reclamando, incluso, el cumplimiento del debido proceso de ley a favor de quienes hoy son juzgados.
