Uno de los factores menos tratados a la hora de abordar los temas del desarrollo es el relativo al papel juegan las instituciones y resulta que sin un adecuado desarrollo institucional no es posible que los países logren la transformación cualitativa de sus pueblos. Los países que hoy son desarrollados lo son no solo porque son más productivos, y con mayor inclusión social, evidenciado en una mejor distribución del ingreso, sino también porque tienen mejores instituciones.
Las instituciones son las reglas del juego de una sociedad. Son las que marcan las diversas restricciones, formales e informales, que orientan las interacciones de todo tipo que se producen entre los componentes de la sociedad. Sin instituciones adecuadas, la convivencia, la cohesión y la paz social se ven amenazadas, frenando así el desarrollo de las personas y las sociedades.
El papel decisivo que las instituciones desempeñan en el devenir de la economía ha estado presente en toda la historia del pensamiento y la teoría económica. La vinculación de los aspectos institucionales con la competitividad de las economías se ha materializado en la disponibilidad de un número cada vez mayor de indicadores de la calidad de las instituciones.
Puede leer: Inversión pública y el desarrollo de infraestructuras han quedado atrás
La calidad de las instituciones es, evidentemente, otro concepto que admite aproximaciones muy diferentes. De acuerdo con Douglas North, desde el punto de vista económico, la calidad de las instituciones se entiende como la capacidad de estas para establecer una estructura de incentivos que limite la incertidumbre y promueva la eficiencia mediante la reducción de los costes de transacción, facilitando así mejores resultados económicos.
No solo es fundamental la calidad de las que podríamos llamar instituciones formales, esto es, las normas que regulan las interacciones entre los agentes económicos, las organizaciones que acogen parte de esas interacciones y el marco de la política económica, o sea, las leyes, reglamentos, decretos, etc. Es esencial también la calidad de aquellas instituciones que cabe denominar informales, y que se refieren al grado en que esas restricciones son creíbles y respetadas. Es más, la calidad del entramado institucional dependerá decisivamente de la interacción entre instituciones formales e informales: una buena ley no funcionará adecuadamente si no se hace respetar, de la misma forma en que una mala norma no creara´ los incentivos correctos por mucho empeño y transparencia que se pongan en su aplicación.
Varios investigadores han concluido que, más allá de controversias metodológicas, la evidencia con que contamos permite afirmar que las instituciones favorables a la economía de mercado (aquellas que crean un marco de libertad económica, entendiendo esta como la conjunción de la libre elección individual, la libertad para los intercambios y la eficaz defensa de los derechos de propiedad a través del imperio de la ley) tienden a impulsar ritmos de crecimiento más sólidos.
Una fórmula adecuada para comenzar el diagnóstico consiste en determinar la posición que Republica Dominicana en términos de su calidad institucional, comparando esta con la de aquellas naciones que, por distintas razones, son nuestro referente natural.
Tomemos como referencia el índice de libertad económica que mide el grado de libertad económica de que disfruta cada economía en cinco áreas: participación del sector público en la economía, estructura legal y seguridad de los derechos de propiedad, acceso a un dinero “sano”, libertad para el comercio internacional y, por último, regulación del crédito, del trabajo y de los negocios. La República Dominicana en 2020 acumuló un rating de 7.36 sobre un máximo de 10 y ocupo la posición 48 entre 141 países y la posición 7 entre los países de América Latina (participación del sector público 8.69 ( en 1990 era 7.0…), estructura legal y seguridad de los derechos de propiedad 4.98 ( en 1990 la puntuación era de 3.8 lo que evidencia que se ha avanzado en la buena dirección), acceso a un dinero sano 9.36 (en 1990 era 2.24…), libertad para el comercio internacional 7.24 (en 1990 era 2.04…), y regulación del crédito, del trabajo y de los negocios 6.53 (en 1990 era 5.63…). El peor desempeño lo obtiene en estructura legal y seguridad de los derechos de propiedad.
Seguir mejorando el índice de libertad económica es uno de nuestros grades desafío.