Cuando se revisan las estadísticas de deuda pública que aporta la Dirección General de Crédito Público, se observa que entre septiembre de 2020 y junio de 2023 el endeudamiento del sector público consolidado se incrementó en más de 20 mil millones de dólares, lo que contrasta con los más de 18 mil millones que aumentó en los cuatro años comprendidos entre septiembre de 2016 y septiembre de 2020. O sea, en solo 3 años, la República Dominicana se ha endeudado más rápidamente que en los 4 años de la última gestión que encabezó Danilo Medina.

Llama poderosamente la atención el gran incremento de la deuda del Banco Central. Entre septiembre de 2020 y junio de 2023, la deuda de esta institución aumentó en más de US$8,600 millones, lo que contrasta con su endeudamiento en los 4 años del Gobierno anterior, cuando el incremento fue de US$935 millones. O sea, en los tres años del presente Gobierno, el incremento de la deuda del Banco Central multiplica por 9.2 veces el que tuvo en los 4 años del Gobierno anterior (2016-2020).

Estamos hablando de que a junio de este año, la deuda del sector público consolidado (incluye el sector público no financiero y el Banco Central) es equivalente al 60% del PIB, lo que induce a formularnos las siguiente preguntar: ¿Hasta donde puede la República Dominicana seguir endeudándose a la velocidad que ha impuesto el gobierno de Luis Abinader? ¿Cuál debería ser el nivel de endeudamiento óptimo para la República Dominicana?

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El Tratado de Maastricht, denominado oficialmente Tratado de la Unión Europea, sentó las bases de la Unión Europea y estableció que para formar parte de la Unión ser requería cumplir con una serie de normas. Entre ella resaltaba la fiscal. Esa norma establecía que el déficit presupuestario anual de un país no debía exceder del 3 % del Producto Interior Bruto (PIB), y la deuda pública no debía superar el 60 % del PIB. Adicionalmente se prohibía el financiamiento monetario.

Visto lo anterior se podría pensar que la situación actual del endeudamiento del país está en consonancia con el criterio de Maastricht (3% del PIB de déficit presupuestario y 60% del PIB de deuda pública). Sin embargo, esto sería una conclusión falsa, ya que la generalidad los países de la Unión Europea tienen ingresos públicos que superan el 40% del PIB, lo que significa una relación de 1.5 veces deuda sobre ingreso público. En el caso dominicano, el ingreso público es equivalente al 15% del PIB, lo que implica que para un nivel de endeudamiento del 60% del PIB la relación con el ingreso público es de 4 veces.

Lo anterior viene a colación porque, a pesar de la amplia utilización de la relación deuda sobre el PIB para medir el endeudamiento público, lo real es que los países pagan la deuda con los ingresos públicos, y por esa razón resulta importante prestar atención a la relación deuda-ingreso público. Esta relación se ha venido agravando en los últimos años.

Invita a la atención el hecho de que, en el periodo comprendido entre 2002 y 2022, solo en 2002 se observa un superávit en el balance fiscal consolidado en nuestro país. Entre 2003 y 2022, el país ha operado con déficit fiscal consolidado, y eso explica el crecimiento del endeudamiento público. Resulta claro que, hasta ahora, el país no ha podido poner en marcha un proceso de consolidación fiscal y no ha habido manera de poner la deuda en una trayectoria descendente. La situación viene de bien atrás, pero ha tendido a volverse crítica en lo que va de la actual Administración.

Pareciera que el país ha llegado a un umbral donde la política fiscal debería enfocarse en colocar la deuda en un camino descendente, lo que solo será posible si nos metemos en serio en un proceso de consolidación sin poner en peligro el gasto social y el gasto en infraestructura. Este es uno de los grandes desafíos que nuestro país tiene por delante.