El problema esencial que enfrenta el modelo democrático es el de la desigualdad y la incapacidad de la clase gobernante en entender la urgencia de incluir y/o generar inserción en los históricamente excluidos. Creer que la celebración de los procesos electorales cerraba el capítulo de la insatisfacción y que los indicadores macroeconómicos alejaban el reclamo social y la demanda ciudadana, ha sido un error.

La brecha entre los pocos que tienen todo y la multitud que se aleja del acceso a los servicios sociales y una mejoría en su nivel de vida, constituye una bomba de tiempo.

Los gobiernos, y el actual no es la excepción, entendieron que el buen desempeño en las finanzas públicas facilitaba mayor capacidad de compra en la clase media que, junto al diseño de políticas sociales y noción de crecimiento en capas altas, la ira social quedaba como un precedente superado y propio de las refriegas ideológicas. Y no es así. Cada día la ilusión de un incremento del poder adquisitivo de la gente se reduce, pero anestesiados por una sociedad del espectáculo llega el fin de mes y aumentan las deudas sin posibilidad real de sobrevivir a los parámetros y estilos anhelados.

Sin interés de que se presuma que los de abajo tienen el exclusivo entendimiento de su dramática realidad. Ahora bien, se puede leer sobre pobreza y estadísticamente manejar los números, pero el abordaje que se apela para la solución está penetrado por una idea cosmética caracterizada por gestores públicos incapaces de entenderla porque en el universo de su realidad, la noción de penurias y escasez anda divorciada de su hoja de vida.

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No conocen el barrio, callejón, la marginalidad, el drama del dueño del colmado con los clientes del sector y la cultura de incumplimiento de las obligaciones ordinarias de los que viven del sector informal de la economía. Inclusive, un alto porcentaje de los servidores públicos responsables de áreas sociales, su relación con los pobres obedece a una experiencia clientelar en la aspiración política y no en un estudio pormenorizado del tema.

Por eso, el clásico reparto que llega a los suyos y reproduce la concepción sectaria y partidista que tanto daño causa e intentan hacer del receptor de las ayudas un potencial cooptado por agendas partidarias.

Los positivos esfuerzos que hace la actual administración en materia de protección al sector social, incrementando de un 7% a 9% del PIB y los 1,200 millones para el subsidio de maíz, pollo y harina, representan un gesto correcto. ¡Qué bien!