Por Claudia Hernández de Vetsch

Se han desatado las alarmas en nuestro país, por las quejas de los productores nacionales de arroz, para que las autoridades tengan en cuenta el daño que sufriría la producción de este importante rubro de la dieta nacional, al finalizar el período de protección establecido bajo el Acuerdo DR-CAFTA, que conlleva la entrada libre de impuestos y sin restricciones cuantitativas del arroz subsidiado de los Estados Unidos a partir del año 2025.

Se han levantado muchas voces que han criticado la negociación del acuerdo, he escuchado algunas opiniones en las que incluso se ha tildado de irresponsables a los que participamos en la misma. Como testigo de varias de las rondas de negociaciones, y con la experiencia adquirida en más de 20 años de participación en las negociaciones comerciales de nuestro país, tanto a nivel multilateral como regional, creo que es importante aclarar algunos aspectos de las negociaciones.

Los que argumentan que República Dominicana no obtuvo suficiente protección, y que no se negoció bien, olvidan que el DR-CAFTA es un Acuerdo de Libre Comercio, cuyo objetivo es liberalizarlo gradualmente, aplicando ciertos mecanismos de protección, como importantes plazos de transición que permitan a los productores adaptarse al proceso de liberalización.

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En el caso del arroz, se logró el máximo de 20 años en el período de desgravación. Además, se insertó un mecanismo de salvaguardia especial que se podía activar, en caso de que la reducción arancelaria provocara o amenazara provocar un daño importante a la producción nacional.

Ante la lógica preocupación que expresan los productores nacionales, RD sigue contando con los instrumentos multilaterales, en el marco de la OMC, de protección comercial para la competencia desleal de importaciones que permiten que se apliquen medidas de protección de emergencia ante este tipo de situaciones. El país no renunció a la utilización de estos mecanismos cuando negoció el DR-Cafta.

Creo justo reconocer a quienes condujeron las negociaciones por parte de nuestro país. Debo destacar que el equipo negociador que participó en las negociaciones fueron técnicos responsables y altamente calificados, entre los que cabe mencionar a: doña Sonia Guzmán, actual embajadora dominicana en Washington; Orlando Jorge Mera, quien era presidente del INDOTEL; Carolina Mejía, actual alcaldesa de Santo Domingo, embajadora y coordinadora de los grupos de negociación; Osmar Benítez, en el área agrícola, y varios técnicos más que formaban parte del excelente equipo dominicano. Como embajadora alterna de la RD ante la OMC, fui designada a participar en las negociaciones, para mantener la coherencia de nuestras posiciones en Washington y en la Ronda Doha en la OMC.

El presidente Hipólito Mejía y Sonia Guzmán dieron la más alta prioridad a estas negociaciones. No fue una irresponsabilidad el participar en ellas; todo lo contrario, lo irresponsable hubiese sido quedarse fuera del referido acuerdo, permitiendo que las exportaciones de los países centroamericanos desplazaran completamente a nuestro país del mercado de EUA, con las devastadoras consecuencias económicas y sociales que esto nos hubiese traído.

Es importante señalar que el equipo dominicano negoció con éxito, pues logró conseguir lo mismo que el resto de los países centroamericanos; ninguno de ellos obtuvo mayor protección para sus productos que la obtenida por RD

La mejor política de seguridad alimentaria consiste en proteger y apoyar la producción nacional.

Actualmente existe la situación de los productores nacionales de leche fresca, quienes están al borde de la extinción, por las importaciones de leche en polvo, la cual compite ventajosamente contra la producción nacional, poniendo en riesgo el futuro del sector.

Ningún país está obligado a permitir que su producción nacional sea exterminada, dejando que importaciones altamente subsidiadas entren indiscriminadamente al mercado nacional.
Es por esto que el presidente Luis Abinader ha expresado con firmeza que no permitirá que esto suceda.