Las constructoras de viviendas de recursos limitados, y en sentido general las empresas medianas y pequeñas de esta economía, resultan en su capacidad de impactar favorablemente en la sociedad no menos importantes que los consorcios; y en generación de empleos, formales e informales, aportan el doble que las grandes que solo por serlo, logran mayor rentabilidad y costos menores.

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Y entre los retos actuales, además de los que son comunes al sector privado en general, las pyme en particular están obligadas a calificar para financiamientos a tasas moderadas procedentes de la liberación del encaje legal, un apoyo institucional que no se ha materializado en la forma esperada. Una compuerta para ensanchar la disponibilidad de viviendas económicas por la que ha fluido solo una parte de los valores puestos oficialmente a disposición de la banca.

Algunas entidades autorizadas a prestar a una tasa anual no mayor a 9.0% para los fines habitacionales de interés social están aplicando restricciones de magnitud prohibitiva para un sector importante de los prestatarios de bajo volumen de operaciones, con lo cual el propósito de la Junta Monetaria de respaldarlos crediticiamente se queda a mitad de camino. Una insuficiencia que preocupa porque pone en juego la permanencia de negocios y puestos de trabajo y reduce la posibilidad de proporcionar techos de bajo costo a las familias promedio por su bajo poder adquisitivo. En un momento en que debe dinamizarse la economía.