En un Estado corrupto y clientelar los programas sociales son limitados en cobertura y calidad. Por eso, aunque la economía dominicana ha crecido durante los últimos cincuenta años, no ha mostrado una mejoría sustancial en los índices de desarrollo social.

A partir de 2004, Leonel Fernández se propuso establecer un Estado asistencial mediante la ampliación de programas sociales. Impulsó el programa de transferencias Solidaridad, tal cual ocurría en otros países de América Latina, pero el énfasis siguió en las obras de infraestructura.

A partir de 2012, Danilo Medina amplió el Estado asistencial. El buque insignia fue el 4% del PIB para la educación, con la consecuente tanda extendida que representó un importante subsidio a las familias de escasos recursos.

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En el 2020, la pandemia del Covid-19 disparó el gasto público en asistencia social. Además, llegó al poder el PRM con necesidad de acomodar su clientela política en el Estado, que el PLD había copado en 16 años consecutivos de gobiernos.

En estos años recientes, el porcentaje de la población que recibe de manera directa recursos públicos (empleos, subsidios sociales, pensiones) aumentó de 37% en el 2020 a 47% en el 2023. Y la República Dominicana se coloca entre los países de la región con mayor porcentaje de empleados públicos: 13.7% (datos del CREES).

El aumento en gastos corrientes del Estado debido a más empleados públicos con mayores salarios y más tarjetas Supérate con mayores montos, entre otros, ha provocado mayor endeudamiento público y menor inversión en infraestructura.

El PRM sobrevivió su primer cuatrienio sin aumentar impuestos, a pesar del incremento en gastos corrientes por el endeudamiento. Iniciado su segundo mandato, con una mayoría calificada en el Congreso, el Gobierno ha presentado la cacareada reforma fiscal.

El objetivo es disponer de más fondos para mantener la nómina pública ampliada, los programas sociales ampliados y aumentar la inversión en obras de infraestructura sin endeudar mucho más el país.

Para mostrar una supuesta austeridad, el Gobierno presentó un plan de eliminación o fusión de algunas instituciones públicas sin reducir personal. ¿Ahorro? Ninguno.

Además, la reforma fiscal promete un aumento de salarios en el sector público; o sea, más impuestos para pagar mayores salarios en un Estado ineficiente que no ofrece adecuadamente ningún servicio público. Y ni hablar de los subsidios gigantes al ineficiente sector eléctrico.

Por otro lado, no hay un plan del Gobierno para captar los impuestos que la ciudadanía paga a terceros por concepto de ITBIS (Impuesto de Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios), que los negocios cobran y muchos no entregan al Gobierno (un robo).

La reforma fiscal presentada amplía el ITBIS (se llamará IVA, Impuesto al Valor Agregado), incluyendo casi todos los productos básicos que estaban exentos. Resultado: el pueblo pagará más impuestos y los negocios que no entregan lo recaudado al Gobierno se beneficiarán más.

La sociedad dominicana ha aguantado con estoicismo la inflación reciente. Antes de poner más impuestos al pueblo (IVA, IPI, etcétera), el Gobierno debería arreglar muchos entuertos y mostrar un Estado más austero y eficiente.