Felipe Carvajal de los Santos 
Para ser congruentes con las pautas metodológicas que implica el abordaje de cualquier tema de interés académico electoral, debemos partir de lo general a lo particular, teniendo que señalar necesariamente la complejidad de los sistemas electorales y, en concreto, de la administración electoral; esto sobre todo si se toma en cuenta el resquebrajamiento de paradigmas “sólidos” de arquitectura electoral y cultura política como el de los Estados Unidos, cuyos sucesos poselectorales del año 2020 demostraron que las líneas de investigación sobre fallas o problemas de integridad electoral no eran exclusivas de países en proceso de consolidación democrática.
La revisión de diversos estudios sobre la relación entre administración electoral y la confianza ciudadana y su derivada obligatoria: la integridad de los procesos eleccionarios, nos conducen al análisis de las diversas variables y enfoques sobre el rol llamado a desempeñar por la administración electoral, destacando en este caso el papel que juega la construcción de la confianza ciudadana en la ecuación compuesta por elecciones, integridad y consolidación de procesos democráticos.
Los niveles de confianza ciudadana en los procesos electorales y en los organismos que los administran, forman parte de los elementos centrales en el debate doctrinario sobre la integridad electoral en las democracias. Ante este escenario, el presente escrito se propone retomar la discusión acerca de la relación entre el factor confianza ciudadana en las instituciones de administración electoral y su impacto en el aseguramiento de la calidad de la democracia, principalmente, mediante la presentación y garantía de resultados legítimos tras las elecciones; dejando para otras entregas, dada la actual coyuntura electoral dominicana, la relación entre sistemas de partidos y elecciones y otras variables como competencia electoral, elecciones e integridad.
En ese sentido, este artículo pretende examinar, desde una arista como la confianza institucional, uno de los principales retos de todo órgano de administración electoral, es decir, lograr un accionar transparente durante todo el ciclo electoral y presentar resultados legítimos y fiables de las elecciones.
Como bien señala Salvador Romero Ballivián, «las elecciones se han acomodado como pieza central del nuevo edificio democrático», por lo que, conjuntamente con lo que yo definiría como su siamés: la gestión electoral, ambas representan piezas fundamentales para la consolidación democrática.
En ese orden, en el análisis del proceso de construcción democrática en la región latinoamericana, con sus altas y bajas, nos adherimos a planteamientos como los de Przeworski, quien señala que «en etapa que vivimos en la región, la mayoría de los procesos latinoamericanos todavía avanzan o se ciñen a la célebre fórmula de certeza en las reglas e incertidumbre en los resultados”; de ahí la importancia de analizar el ciclo electoral desde la necesaria construcción de confianza institucional en el órgano de administración electoral, que nos permitan, siguiendo a Przeworski, superar aquellos períodos en los cuales las elecciones, «si existían, tenían un sello excluyente y viciado, con ganadores y perdedores definidos de antemano».
Es por ello que, en un contexto regional de volatilidad electoral y de cuestionamientos a un estilo de liderazgo caracterizado por la frivolidad y ausencia de propuestas sustentadas en una visión de país lo suficientemente debatida en el ágora publica, asistimos en cambio a un debate político que acusa una falta de propuestas y políticas públicas focalizadas en la resolución de la gran deuda social de nuestros Estados y que, a su vez, garanticen preservar el Estado de derecho. Esto, indiscutiblemente hace necesario que, desde el rol de la administración electoral, se puedan sortear los riesgos de retroceso democrático visibles no solo en la región, sino a escala global; de ahí que, en esta entrega hagamos hincapié en la necesidad de reforzar la confianza en la gestión electoral, con la finalidad de presentar resultados transparentes, fiables y sobre todo aceptados tanto por la ciudadanía como por toda la comunidad electoral.
Frente a esta cuestión, para lograr el objetivo del presente análisis, necesariamente tendremos que considerar la revisión de las condiciones y los obstáculos que, en la práctica de la gestión electoral, generan tensiones para alcanzar la gobernanza electoral, siendo la confianza institucional un factor clave en dicho proceso, ya que, la generación de la confianza ciudadana en los órganos electorales, se erige como una condición sine qua non para lograr niveles óptimos de integridad electoral.
En este sentido, la doctrina electoral señala el rol preponderante del diseño de las instituciones de gestión electoral como componente fundamental para lograr la tan anhelada integridad electoral, añadiendo nosotros como el factor confianza resulta de una importancia crucial para blindar al órgano de administración electoral ante los alegatos pre y poselectorales de algún actor partidario; situación que fuerza a apostar por la integridad de los comicios y la legitimidad de sus resultados.
De ahí concebimos que, resulta una fortaleza al momento de la toma de decisiones a lo largo del ciclo electoral, el rol que juega la confianza ciudadana en las autoridades investidas constitucionalmente para gestionar cualquier proceso eleccionario, en el entendido de que, dicho proceso está regulado dentro del marco constitucional y normativo electoral, cuyo objetivo está orientado a generar garantías a la participación democrática de los ciudadanos en la elección de sus representantes.
En este contexto, reviste especial importancia el rol de construcción de confianza ciudadana en la gestión de los procesos eleccionarios con miras a alcanzar la integridad electoral, destacando en este aspecto la constatación de verdaderas garantías para la libre participación de todas las fuerzas del espectro político, por un lado, y, por otro lado, el aseguramiento a los ciudadanos del pleno ejercicio de sus derechos políticos a través de su participación en los comicios con opción de elegir y ser elegible; esto último, para el caso dominicano se encuentra consagrado en el artículo 22 de la Carta Magna.
Ahora bien, vista la premisa sobre el rol de la construcción de confianza por parte de las autoridades electorales y su impacto en alcanzar la integridad electoral, es posible aseverar que la integridad de las elecciones resulta ser una variable dependiente que se configura tanto por las garantías de una libre competencia entre los partidos políticos y los ciudadanos en general, como por la inexistencia de limitaciones en el ejercicio de los derechos políticos fundamentales de la ciudadanía; todo lo cual obliga a los funcionarios electorales a garantizar que sus decisiones estén sujetas a los principios de legalidad, transparencia, imparcialidad e integridad que exige todo proceso eleccionario.
En el caso de la República Dominicana, cabe resaltar el gran reto que supone para las actuales autoridades electorales generar un óptimo de confianza ciudadana para los venideros procesos eleccionarios del 2024, es decir, los comicios municipales del tercer domingo de febrero y los presidenciales y congresuales del tercer domingo de mayo; principalmente como consecuencia de la desconfianza que generó en la ciudadanía y en la clase política la suspensión de las elecciones municipales de febrero de 2020.
Ante esta situación, la JCE contempla en su Plan Estratégico 2020-2024, como pilar estratégico de su accionar institucional, el rescate de la credibilidad y confianza de la institución de cara a la sociedad como ente democrático y a la comunidad política como actores centrales de los procesos eleccionarios.
Conectando el hilo analítico que precede a este párrafo, si nos atenemos a una valoración objetiva sobre la confianza institucional sustentada en la data que nos proporcionan los estudios demoscópicos más recientes publicados en la nación, debemos hacer alusión a la última entrega de la encuesta RD Elige del Grupo RCC Media, publicada en diciembre del recién finalizado 2023 y en la cual se refleja que la JCE posee un 60 % en el nivel de confianza ciudadana; esto representa la más alta valoración entre las instituciones del Estado dominicano, inclusive por encima del Poder Ejecutivo en un país presidencialista.
De igual forma, la última entrega de la reputada encuestadora Gallup, publicada en noviembre del recién finalizado 2023 y en la cual un 77 % de los encuestados afirmó creer que “las autoridades de la JCE se manejarán con la debida imparcialidad y transparencia necesarias para garantizar un proceso electoral justo y confiable”; mientras que, solo un 14 % de los encuestados expresó que las autoridades de la JCE “no cumplirán con los estándares requeridos de imparcialidad y transparencia”.
Ahora bien, esto adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que para marzo de 2020 la también reputada Greenberg-Diario Libre, realizó a su universo de encuestados la siguiente pregunta: “pensando en la Junta Central Electoral (JCE), ¿usted diría que siente confianza o no confía en que la JCE tenga la capacidad de realizar unas elecciones libres y justas? El 68 % expresó no confiar.
Por tanto, en razón de lo expresado en los párrafos anteriores, se puede colegir que, en cierta forma la actual administración electoral ha construido niveles de confianza ciudadana óptimos, que salvo algún imponderable, colocan a la Junta Central Electoral y a su pleno en condiciones que les permitirán ofrecer resultados fiables y legítimos para los venideros procesos electorales, con lo cual quedaría sellada la tan anhelada integridad electoral y consagrado el órgano administrador, la JCE, como un fortalecedor de la calidad de la democracia dominicana.
*Felipe Carvajal de los Santos*, Master en Estudios Políticos y Electorales.
