POR JESÚS DE LA ROSA
En los grandes países industrializados se ha centralizado el control estratégico que los Estados ejercen sobre las universidades, al tiempo en que han disminuido los aportes financieros de éstos para el sostenimiento de las instituciones de educación superior. En las naciones más desarrolladas del planeta prevalece la idea de que el control de la calidad de las instituciones de educación superior debe de estar a cargo de agencias y de consejos no gubernamentales.

La disminución de los aportes estatales destinados al financiamiento de las universidades en los países altamente desarrollados ha obligado a las instituciones de educación superior de esas naciones a aliarse con empresas privadas en proyecto de investigación y de desarrollo.

En 1999, las empresas canadienses aportaban un 4.9% de los gastos de investigación en que incurrían las universidades de ese país; Italia un 2.5%; Alemania un 2.4%; y los Estados Unidos un 1.2%.

La obtención de fondos vía publicidad comercial ha estado a la orden del día en las universidades de los Estados Unidos y de otros países desarrollados.

Los contratos de exclusividad de las universidades con empresas multinacionales para la distribución de los productos de éstas en los campus ocurren muy a menudo, a pesar de las situaciones de cuestionamiento que provocan en los estudiantes; situaciones éstas que han llevado a serios enfrentamientos entre estudiantes y autoridades universitarias.

Los catedráticos y los científicos de las universidades de esos países se muestran menos reticentes que los estudiantes a concluir acuerdos de financiamiento de sus actividades con el sector privado. Es que en el colectivo de docentes prevalece la actitud de resignación; la de no dejar escapar la oportunidad de obtener por cualquier vía los recursos económicos que los Estados ya no están en disposición de aportarles a las instituciones de educación superior.

El gobierno del primer ministro francés, monsieur Dominique de Villepin, se encuentra en aprietos a causa de la crisis desatada por la imposición de parte de éste de un nuevo contrato laboral para jóvenes egresados de universidades.

Los gobiernos de las naciones desarrolladas han comenzado a exigir que las universidades y demás instituciones públicas de educación superior sean evaluadas. Incluso, desean hacer depender de los resultados de esas indagatorias la totalidad o una gran parte del financiamiento que los Estados les otorgan a las mismas.

¿Cuáles son los indicadores de rendimiento más comúnmente utilizados para evaluar la calidad de las instituciones de educación superior con fines de otorgarles financiamiento?

Citamos entre otros, el número de estudiantes matriculados; las tasas de retención y de obtención de títulos; el total de créditos cursados por semestre; el total de grados conferidos y el tiempo medio en la obtención de los mismos; los fondos externos obtenidos para la investigación; y otras actividades.

¿Podemos aquí aplicar las mismas políticas de evaluación y de financiamiento de las instituciones de educación superior que se aplican en los países altamente desarrollados?

¿Pueden las universidades dominicanas, al igual que como lo hacen las universidades y los institutos superiores de los países industrializados, concertar alianzas estratégicas con las empresas de este país para obtener de ellas por concepto de servicios prestados recursos económicos suficientes como para sostenerse con poca ayuda o ninguna ayuda estatal?

Veamos:

El sistema de instituciones de educación superior de la República Dominicana está integrado por 4 institutos especializados de educación superior; 4 institutos técnicos de educación superior y 33 universidades.

No hay una cifra definitiva al respecto; pero, se estima que apenas un 10% de los dominicanos y dominicanas de edades comprendidas entre los 18 y 30 años cursan estudios superiores; y es que no puede ser más elevada dicha proporción en un país como el nuestro con un índice de escolaridad promedio que no va más allá de un quinto curso del nivel básico.

La población universitaria de este país ronda los 320 mil estudiantes, 175 mil de ellos, cursan estudios en la UASD.

El monto a cual debe ascender años tras años los recursos económicos que debe aportar el Estado dominicano para el sostenimiento de las universidades del país está consignado en el Capítulo X, artículos 89 y siguientes de la Ley 139 01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. En atención a ello, el presupuesto de la UASD debió ascender este año a 6 mil 950 millones de pesos y el de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología a más de 8 mil millones de pesos. Pero, los legisladores le aprobaron a la UASD un presupuesto de 2004 millones de pesos y a la secretaría de Educación Superior uno de apenas 779 millones de pesos.

La calidad de una universidad se sostiene con recursos económicos. Hoy, es muy elevado el costo de los laboratorios; de los equipos de informática; el uso de tecnología de punta; y el de los salarios de un personal de cierta calificación. Y qué decir del costo de la infraestructura.

Antes de la inauguración de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y de las edificaciones de su Aula Magna, el 90% del costo de mantenimiento de la universidad estatal era aportado por el Estado dominicano, y el 10% restante por las entradas financieras de la UASD por concepto de la venta de servicios académicos y de la venta de algunos productos. Hoy, el costo de mantenimiento de las modernas instalaciones de la universidad estatal se ha elevado a niveles considerables. Y es de esperarse que, en términos proporcionales, los aportes estatales al sostenimiento de esa Academia hayan subido.

El costo promedio de matriculación semestral por alumno sobre la base de 24 créditos en la UASD es de alrededor de 300 pesos. Ese mismo costo en ciertas y determinadas universidades privadas de este país se eleva a miles de pesos.

El ciudadano dominicano común erróneamente percibe que resulta casi gratis estudiar en la UASD. Pero ello no es cierto. Matricularse en la UASD sería lo de menos; basta con disponer de 300 pesos. Pero, calcule usted, amigo lector, cuánto le cuesta a un padre enviar todos los días su hijo o hija a la universidad estatal durante 4 ó 5 años. Solamente para gastos de transporte debería de disponer de más de 150 mil pesos a razón de 100 pesos diarios. Agreguémosles a esa suma los costos de alimentación, de vestido, de libros, etc.

¡La UASD es barata pero el costo de oportunidad para estudiar allí resulta muy caro ¡

A pesar de ello, debemos de admitir que es en la UASD donde una persona de escasos recursos económicos tiene más oportunidades de hacerse de un título profesional.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo es la que mayor oferta de servicios y de productos acabados puede ofrecer.

La UASD dispone de laboratorios para examinar la calidad de los productos que se venden en el mercado; puede fabricar medicinas y ofertar servicios de análisis clínicos.

La Universidad estatal dispone de un gran economato donde se venden ropas, libros, medicinas y otras mercancías.

Los productos lácteos fabricados por la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UASD tienen mucha aceptación en el mercado. Los institutos de biología marina, de sismología, de antropología, de energía alternativa y otros obtienen fondos provenientes de organismos internacionales.

Pero, la UASD no cede en su defensa al interés nacional.

Ninguna empresa trasnacional puede esperar que, a cambio de recibir ayudas económicas, la UASD le tape sus vagabunderías.

Hace unos años, la UASD chocó de frente con una conocida empresa multinacional que operaba y opera en la región del Cibao porque, a decir de los científicos de la Universidad estatal, dicha transnacional no tomaba el debido cuidado para proteger el medio ambiente; lo mismo ocurrió con una empresa pesquera de Corea del Sur; y acaba de suceder con una empresa puertorriqueña que contando con el apoyo del gobierno del cuatrienio perdido arrojó un producto contaminante en Samaná y en sus alrededores.

Recordemos la reacción de los investigadores de la Universidad estatal ante las pretensiones de un conocido senador pepeachista de convertir una zona de Enriquillo en un basurero de desechos atómicos.

No obstante, somos de opinión que la UASD, sin renunciar a su defensa del interés nacional, puede acudir a empresas nacionales; organismos internacionales; e incluso a empresas transnacionales en busca de ayuda económica para el sostenimiento de la institución.

Aunque el financiamiento estatal de la UASD se complemente con ingresos de otras procedencias, el gobierno dominicano está en la obligación de aportarle anualmente a la Universidad estatal una suma equivalente al 5% del presupuesto nacional, tal y como está, y ha estado desde hace más de 40 años, consignado en la Ley 5778 sobre Autonomía Universitaria, y ahora en la ley 139 01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

La Ley 139 01 contempla que el presupuesto de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología tenga, entre otros, un programa para contribuir al financiamiento de la educación superior privada. Sin más, las universidades privadas de este país deben ser asistidas económicamente con fondos estatales. Pero, por falta de presupuesto, la Secretaría de Educación Superior no ha podido cumplir cabalmente con ese mandato.

Años antes de que la Ley 13901 entrara en vigencia, varias universidades privadas habían sido favorecidas con cuantiosos recursos estatales. Esas instituciones disponen hoy de recursos materiales que les permitirán sobrevivir. Pero las otras, las que no reciben ni han recibo nunca ayuda estatal difícilmente podrán permanecer con sus puertas abiertas.

Aquí existen 13 universidades privadas de menos de 600 estudiantes y 6 con menos de 2 mil. No disponemos de un solo instituto técnico de estudios superiores de más de 400 estudiantes; y 2 de lo que tenemos tienen menos de 100 estudiantes matriculados.

Las universidades privadas que cuantan con un número aceptable de alumnos necesitan renovar sus equipos y no podrán hacerlo sin auxilio del Estado.

Sí el gobierno no las asiste, el número de instituciones de educación superior que integran el sistema dominicano de universidades podría verse reducido de 41 a menos de 20 a la vuelta de unos cuantos meses.

Es que la educación superior cuesta lo que no se quiere pagar.