Caracas. El Gobierno de Nicolás Maduro solicitó hoy suspender la sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA) prevista para este martes para abordar la situación de Venezuela, por considerar que la convocatoria sin su “consentimiento” vulnera las normas del organismo.

Según un comunicado de la Cancillería, Venezuela solicitó al presidente del Consejo Permanente de la OEA la suspensión de la sesión convocada para mañana “por un grupo de países sin contar con el consentimiento debido del Gobierno venezolano, tal como está contemplado en las normas que rigen esta Organización regional».

Asegura que en el seno del organismo regional se vienen desarrollando “graves e irregulares acontecimientos” contra el país caribeño y advirtió que de persistir “esta ilegal, unilateral, desviada” actuación procederá “con severidad y firmeza” a través de los medios diplomáticos y el Derecho Internacional.

El Consejo Permanente de la OEA convocó el viernes a dos sesiones extraordinarias sobre Venezuela, una hoy para recibir a la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, a petición suya, y otra el martes para analizar “la situación” del país solicitada por 18 Estados miembros.

El Gobierno venezolano denuncia que hay un “acoso” en su contra, dirigido por EE.UU. a través del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y un grupo de países que conforman “una facción minoritaria y han fomentado un ambiente internacional pernicioso sobre el transcurrir de la vida democrática en Venezuela, pretendiendo socavar su soberanía e independencia».

Alertó sobre las “graves consecuencias y peligros que se ciernen sobre la vigorosa democracia venezolana y su exitoso modelo de derechos humanos” y advirtió que desestabilizar a su país “tendrá efectos más allá” de sus “fronteras y pesará fuertemente sobre la vida regional».

Asimismo, rechazó “categóricamente” el supuesto plan que ua facción de países de la OEA “pretende acometer” contra Venezuela y “el desmedido e ilícito comportamiento del Sr. Luis Almagro a través de sus acciones criminales contra los Poderes Públicos del Estado venezolano».