SAMUEL SANTANA 
El jueves en la mañana leía la noticia de que el Gobierno de Danilo Medina estaba detrás de un préstamo de 500 millones de dólares para pagarle un proyecto a Odebrecht.
Por un momento pensé que era una información vieja.
Tuve que ver bien para determinar si era una noticia de actualidad o era parte de los viejos hechos de la firma brasileña.
Pero cuando me di cuenta que es algo reciente, que ocurre al calor de los sometimientos a funcionarios de la gestión morada por sobornos de Odebrecht, me llené de indignación.
Yo veo esto como una burla, un abuso de poder y un acto de cinismo.
Por lógica, prudencia y transparencia se entiende que las negociaciones entre el Gobierno dominicano y la firma extrajera debieron detenerse.
¿O es que hay una ley especial para Odebrecht que está por encima de los códigos de la justicia y de la Constitución de la República?
¿Por qué el empeño de Danilo Medina en pagar a una firma tramposa, estafadora y perjudicial a los intereses de la sociedad dominicana?
¿Podría saber el país cuál es la razón poderosa que obliga al señor Presidente a querer hacer eso?
Todo lo contrario, así como los funcionarios acusados de corrupción han sido suspendidos de sus funciones y libertades, Odebrecht también debe ser privada de su privilegio de seguir negociando con el país.
En cambio, debe ser sometida a la acción de la justicia y obligada a resarcir todos los daños hechos contra el erario.
Si este Gobierno y los miembros del Congreso siguen aprobando dinero y otorgando mas privilegios a Odebrecht, entonces tendremos que pensar obligatoriamente que hay una componenda muy grande desde el poder.
De los políticos uno siempre espera cualquier cosa.
