Las reformas fiscales en la República Dominicana, aunque presentadas como neutrales, tienen un impacto desproporcionado en las mujeres debido a las desigualdades estructurales de nuestra sociedad. Este efecto se hace especialmente evidente en mujeres de bajos ingresos y aquellas que trabajan en el sector informal.

El aun llamado ITBIS (Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios), es un claro ejemplo de cómo los impuestos al consumo tienen un efecto regresivo. Esto significa que, en proporción a sus ingresos, las personas de menores recursos pagan más que las de mayores ingresos. Esta carga fiscal afecta de manera más severa a los hogares de bajos ingresos, donde las mujeres están sobrerrepresentadas como jefas de hogar.

Para entender esta sobrerrepresentación, consideremos los datos de un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) realizado en 2021, el cual reveló que el 56% de los hogares en situación de pobreza en la República Dominicana están encabezados por mujeres. Esto significa que, aunque las mujeres no constituyen el 56% de la población total, sí representan más de la mitad de quienes lideran hogares pobres. Esta proporción es significativamente mayor que la que se observaría si la pobreza afectara por igual a hogares liderados por hombres y mujeres.

En cuanto a la informalidad laboral, los datos del Banco Central de la República Dominicana (2022) reflejan que la tasa de informalidad entre las mujeres (58.4%) es significativamente más alta que entre los hombres (52.1%). Esto las hace particularmente sensibles a cualquier reforma que busque formalizar sectores económicos, ya que las pequeñas empresas y negocios informales, donde las mujeres son mayoría, a menudo no tienen acceso a los mismos beneficios y exenciones que las empresas formales. Es importante que estas reformas tengan en cuenta estos datos para evitar aumentar la carga tributaria sobre las mujeres, a la vez que limita sus oportunidades de crecimiento económico.

Un aspecto esencial en el diseño de políticas fiscales con perspectiva de género es reconocer y valorar el trabajo de cuidados no remunerado, una tarea que en gran medida recae sobre las mujeres. En la República Dominicana, la Ley 253-12 de Reforma Fiscal introdujo deducciones por gastos educativos, que podrían haber sido un alivio significativo para las mujeres, quienes suelen asumir una mayor responsabilidad en la educación de sus hijos. Sin embargo, según un análisis de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de 2020, solo el 38% de quienes reclamaron estas deducciones fueron mujeres, lo que revela barreras en el acceso a estos beneficios, posiblemente debido a la informalidad laboral o a la falta de conocimiento sobre estos incentivos.

El gasto social es un elemento clave en el que las reformas fiscales pueden tener un impacto diferenciado, especialmente en las mujeres. La reforma fiscal de 2012, diseñada para aumentar la recaudación destinada a programas sociales, no ha logrado cerrar importantes brechas. Un informe de ONU Mujeres (2023) señala que el gasto público en servicios de cuidado sigue siendo insuficiente. Esto afecta en mayor proporción a las mujeres, quienes asumen la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado, lo que limita su participación en el mercado laboral y reduce su capacidad para generar ingresos de manera independiente.

La pandemia de COVID-19 exacerbó estas desigualdades. Aunque se implementaron programas gubernamentales como respuesta a la crisis sanitaria, los cuales proporcionaron transferencias monetarias a hogares vulnerables, con un 61% de beneficiarias mujeres, la recuperación económica postpandemia ha sido más lenta para las mujeres, en parte debido a la estructura del sistema fiscal que no está diseñada para abordar las diferencias de género en el mercado laboral. Las mujeres que perdieron sus empleos durante la pandemia han tenido más dificultades para reincorporarse al mercado laboral formal, en comparación con los hombres.

Es evidente que las reformas fiscales, aunque concebidas como neutrales, tienden a ampliar las desigualdades de género al no considerar las realidades estructurales de las mujeres en la economía dominicana. Para evitar agravar estas desigualdades, es imprescindible que cualquier reforma fiscal se someta a un análisis de impacto de género.

Integrar una perspectiva de género en el diseño e implementación de políticas fiscales no es solo una cuestión de equidad, sino también de eficiencia económica, solo así podremos avanzar hacia un sistema tributario más justo y una sociedad verdaderamente equitativa.