El incidentado camino de la lucha anticorrupción RD

Tener como marco las esferas de poder hace que la corrupción en cualquiera de sus expresiones (soborno, tráfico de influencias, evasión fiscal, malversación de fondos, prevaricación cooptación, nepotismo, y otras), continúe llenando todos los años páginas de los diarios de República Dominicana, mientras los resultados de la lucha contra el flagelo lucen ser estériles.
El año 2019 que finaliza no parece ser la excepción. El informe de Transparencia Internacional (TI) dado a conocer en enero coloca a la República Dominicana en la media del índice de corrupción, al ocupar el puesto número 30 entre los países de la región.
Nuevas denuncias. La procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca) fue apoderada de tres denuncias hechas por los colectivos “Marcha Verde” y “Somos Pueblo”, respectivamente, sobre supuestos actos de corrupción por más de RS$1,000 millones en que habrían incurrido el exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, y Maybeth Rodríguez, empleada de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).
Tanto Castillo, actual candidato a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), como Rodríguez, han asegurado que los contratos para la compra de asfalto caliente AC-30 se otorgaron conforme a la ley.
El Pepca también recibió una denuncia contra el economista Andrés Dauhajre, quien en su calidad de Asesor de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) habría sido beneficiario de US$ 3.5 millones de dólares y un apartamento en los Estados Unidos valorado US$2 millones de dólares desembolsados por Odebrecht que construyó a Punta Catalina.
Esta última denuncia la depositó el dirigente político Guido Gómez Mazara. Sin embargo, Dauhajre aclaró que todo lo que recibió de parte del consorcio brasileño fue como pago por servicios profesionales.
Documentos. El Ministerio Público ha sido puesto a prueba con denuncias de corrupción hechos a través de los programas de investigación de las periodistas Alicia Ortega y Nuria Piera.
El Informe de la periodista Ortega puso al descubierto el supuesto pago de US$39.5 millones de sobornos en el caso Punta Catalina y “codinomes” de sobornados.
Por esta denuncia fueron interrogados en la Procuraduría General de la República (PGR) y renunciaron de sus respectivos cargos, el subadministrador del Banco de Reservas José Manuel Guzmán Ibarra, y el presidente del Consejo de Directores de la Bolsa de Valores Gregory Salcedo Llibre, quienes también se desvincularon de los sobornos de Odebrecht.
Se desconoce si la investigación sobre los “codinomes”, apodos de los supuestos sobornados, y Punta Catalina ha continuado.
En el programa “Nuria” se ha evidenciado, con documentos también, la existencia de nepotismo en las instituciones públicas, y hasta donde se sepa, nada se ha hecho.
Involución. Así llama Transparencia Internacional el proceso sufrido por varios países de la región en materia de corrupción, entre los que incluye al país.
Y eso no solo de alta preocupación para el organismo internacional, sino también para importantes organizaciones de la sociedad civil del país que como Participación Ciudadana (PC) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), cuestionan el accionar de la plataforma de investigación y persecución del flagelo, que incluye a la Cámara de Cuentas y al Poder Judicial.
“Ningún avance en la detección y persecución de la corrupción. Las instituciones que más recursos manejan no han sido auditadas en los últimos años y el escándalo más significativo, Odebrecht, sigue a la espera de que se verifiquen las sobrevaluaciones de obras confesadas por la misma empresa”, dijo PC en la evaluación del 2019.
Falta control y castigo. Parecerían ser las causa de ese retroceso en materia de lucha contra la corrupción.
En su evaluación del sistema de justicia, Finjus deploró que haya pasado 2019 sin que se logre la promulgación de un Código Penal moderno; resaltó la necesidad de reforzar la fiscalización de los fondos públicos, y reiteró la urgencia de reformar el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, el cual, afirmó, “deja múltiples brechas que facilitan manejos irregulares de los fondos del erario”. Agregó que la falta del nuevo Código Penal “ralentizó” el proceso de modernización del sistema de justicia en general, cuya debilidad se ha visto en el caso Odebrecht.
Logros MP
El procurador general Jean Rodríguez dijo este mes en Dubai que como parte de las acciones del MP contra corrupción, el país ha logrado en los últimos años condenas contra unos 19 funcionarios, y hay sometimientos en curso contra alrededor de 50 personas incluidos exministros y legisladores, así como empresas. Explicó que para lograr esos resultados hizo uso por primera vez en la historia del país de la ley contra el soborno, la cual tenía casi una década promulgada, pero que nunca había sido aplicada.
“Bajo la sombrilla de esta legislación logramos además indemnizaciones acordadas a favor del Estado dominicano superiores a los 190 millones de dólares’ agregó.