Entre las organizaciones de naturaleza jurídica privada que conforman el asociacionismo deportivo en la República Dominicana llama la atención que todavía en estos tiempos de democratización institucional la vertiente olímpica y federativa se mantenga apegada a un sistema de prolongado inmovilismo dirigencial en los principales puestos de mando.

Entre los diversos tipos de asociaciones deportivas se destacan el Comité Olímpico Dominicano y sus federaciones afiliadas, cuyos directivos generalmente tras ser elegidos se mantienen en los principales puestos ejecutivos por largos periodos mediante reelecciones consecutivas cada cuatro años, convirtiéndose en una problemática que debe ser tratada más a fondo, con el fin de lograr una regulación más justa y equilibrada.

Desde pasadas décadas y en la actualidad hay presidentes de federaciones que se han mantenido en la posición durante periodos de 30, 20 y 15 años, logrando conquistar una mayor cantidad de asociaciones que son los organismos que votan en las elecciones.

Sin embargo, se debe reconocer que hay dirigentes laboriosos que por méritos propios, capacidad y carisma personal han sabido mantenerse en la posición, distinto a otros que sin las mejores prendas en materia de eficiencia, han maniobrado para “eternizarse” apoyados por un anillo de seguidores subalternos.

Siempre será mejor la alternancia, los cambios. Y es que el inmovilismo dirigencial por tiempo muy prolongado termina afectando el sistema democrático, propicia el individualismo contra el trabajo en equipo y el necesario consenso.

El inmovilismo permite que quien se prolongue más de lo razonable en el puesto de mando, se considere un ser providencial y hasta pretenda que la entidad es de su propiedad. También se llega a perder el interés por impulsar nuevas iniciativas, pues casi siempre se queda en un círculo vicioso.

Pero quizás lo peor es que castra, impide el ascenso de nuevos liderazgos con potencial para insuflar sangre nueva a la organización, con el entusiasmo de quien desea aportar ideas innovadoras mediante un trabajo conectado con otros emprendedores en ofertar mejorares servicios a la comunidad deportiva. Hace algunos años la Administración Pública en España puso en vigor por un periodo un Decreto Real que limitaba a los presidentes de las federaciones deportivas a dos periodos consecutivos, es decir, un primer periodo de cuatro años y la posibilidad de una reelección, como una forma de evitar el inmovilismo dirigencial, y abrir espacios a la nueva camada de dirigentes en el marco de un proceso de democracia representativa.

Tomando en cuenta esa experiencia, el proyecto de Ley General de Deportes, Educación Física y Recreación impulsado por el Ministerio de Deportes en el primer gobierno del Dr. Leonel Fernández, trataba sobre la periodicidad con la que deben ser elegidos los dirigentes que desempeñen el cargo por cuatro años, pudiendo ser elegidos para otro periodo de cuatro años en el mismo cargo.

Y agregaba que para volver a optar al principal peldaño de la organización, tras haber cumplido dos periodos de cuatro años, debería esperar cuatro años sin ejercer ninguna de las tres posiciones principales.

Con la llegada al poder del presidente Hipólito Mejía, altos dirigentes de la cúpula olímpica se movieron para que el mandatario observara la pieza, principalmente para evitar la consumación del contenido del literal K del artículo 51, que pondría coto al inmovilismo dirigencial olímpico y federativo.

Este es uno de los temas que debe ser dilucidado en el nuevo proyecto de Ley General de Deportes, pues el actual marco jurídico está desfasado con graves fallas competenciales y técnicas. Con carácter de urgencia nuestro sistema deportivo requiere un instrumento jurídico actualizado para un mejor desenvolvimiento y aprovechamiento de los derechos deportivos, en el marco de una real democracia.

En la mayoría de las sociedades avanzadas la característica esencial de las federaciones es que son entidades asociativas de carácter democrático y representativo que además de sus propias atribuciones, actúan como agentes colaboradores de la administración pública, adecuándose a los diferentes procesos y normativas legales, cumpliendo asimismo su rol asignado de ser entidades promotoras y difusoras del deporte correspondiente.