A pesar de los empeños que la actual Suprema Corte de Justicia ha puesto con parciales resultados por reducir los casos sin condena definitiva, el hacinamiento por sobrepoblación de recintos penales persiste como daño a la condición humana.

«Justicia retrasada es justicia denegada» de acuerdo con una máxima universal que en el país ha estado históricamente bajo agresión como admitió ayer el presidente de la alta corte, Dr. Luis Henry Molina, que ha declarado objetivo central erradicar el mal que mantiene en sufrimientos por falta de juicio previo a miles de ciudadanos.

La agilización en marcha de procesos en la elevada instancia en que deben concluir -imprescindible para la causa- no sería suficiente si el combatir demoras no toma en cuenta las consecuencias para el sistema penitenciario de lo que juristas autorizados han deplorado: aquí se abusa del recurso de coerción con la radicalidad de prisión preventiva que desde el Ministerio Público se pretende una y otras vez logrando anuencias de jueces sin consecuencias de ninguna índole ni para unos ni para otros; delatándose un vacío de directrices superiores para reducir estancamientos.

Cárceles congestionadas, además, porque este Gobierno cercenó al llegar el programa de expansión de la red de prisiones decentes.

Llevados a la inutilidad miles de millones de pesos invertidos para sustituir con decencia el desastre de un “almacén” llamado La Victoria que aloja 7,300 prisioneros más que los que caben en el calamitoso sitio.