La brecha entre lo que dice la misión y lo que realmente hace el Ministerio de Administración Pública de República Dominicana, es bastante grande. Por ejemplo, su declaración de misión establece lo siguiente: “Contribuir al fortalecimiento, la innovación y modernización de la Administración Pública; a través de la racionalización y eficiencia de los organismos públicos, la profesionalización de los servidores públicos y el impulso a la calidad en la gestión de los servicios”.

En pocas palabras, el Ministerio de Administración Pública (MAP), es el órgano rector del empleo público y de los distintos sistemas y regímenes previstos por la Ley de Función Pública, del fortalecimiento institucional de la Administración Pública, del desarrollo del Gobierno Electrónico y de los procesos de evaluación de la gestión institucional. Es decir, según la Ley 41-08, este ministerio es el responsable de garantizar la calidad, la transparencia, ética y la profesionalización de la función pública.

Conforme a lo que aparece publicado en el sitio web del MAP, las tres funciones sustanciales de éste, son:

a) Garantizar la profesionalización de la Administración Pública e implantar un sistema racional y moderno de gestión de los recursos humanos.

b) Diseñar, ejecutar y evaluar políticas, planes y estrategias para el fortalecimiento institucional de la Administración Pública, proponiendo reformas de las estructuras orgánica y funcional de la misma.

c) Propiciar y garantizar el más alto nivel de efectividad, calidad y eficiencia de la función pública del Estado, implantando modelos de gestión de Calidad y promoviendo la evaluación del desempeño institucional.

Desde la realidad de los hechos, existe una enorme diferencia entre lo que dice ser y hace el MAP. En este orden, para comprobar la veracidad de dicha brecha, basta con realizar un análisis comparativo elemental entre los componentes básicos que definen el marco teórico-legal del Ministerio de Administración Pública (MAP) y el impacto que tienen sus supuestos logros en la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos-clientes, de parte de las distintas agencias gubernamentales.

En reiteradas ocasiones se percibe como algunas organizaciones, tanto públicas como privadas, se atribuyen principios, valores y creencias que no se corresponden con la experiencia real que tienen ciudadanos, clientes o empleados. En resumidas cuentas, predican lo que no practican. “La piedra angular para generar credibilidad y obtener legitimidad por parte de nuestros grupos de interés es alinear lo que se dice con lo que se hace. Una marca será fuerte, creíble, generadora de confianza y de buena reputación, en la medida en que no exista disonancia entre las percepciones o expectativas y las experiencias o realidades”. (Alloza, 2014).

Para ser justo y objetivo, es necesario resaltar que la brecha entre lo que se dice y lo que se hace, no solo existe en el ámbito del Ministro de Administración Público, es una mala práctica que rodea a la mayoría de las entidades del Estado dominicano. “En definitiva, para generar confianza y legitimidad es necesario que exista una coherencia absoluta entre lo que una marca dice que hace y lo que hace realmente”. (Clara Fontán Gallardo, Madrid, 2016).

Desde fuera, el Ministerio de Administración Pública se percibe como una organización estática, anquilosada, de bajo perfil, más reactiva que proactiva, indiferente, apática, ausente en aquellos lugares donde se debaten temas de alto interés para el bienestar individual y colectivo de los servidores públicos, como por ejemplo, lo relativo a la seguridad social digna ¿En qué momento decidirá, actuará y hablará el licenciado Darío Castillo Lugo, como Ministro del órgano rector de la Administración Pública?

A juzgar por los hechos, las huellas del actual Ministro de la Administración Pública, licenciado Darío Castillo Lugo, son más parecidas a las del señor Ramón Ventura Camejo, y mucho más distantes que las que dejó el doctor Raymundo Amaro Guzmán, cuando dirigió la Oficina Nacional de Administración de Personal (ONAP). Recuérdese que en el 2021, Amaro Guzmán fue declarado “Padre de la Administración Pública”.

Parecería que el egresado de la carrera de Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y con maestría en Gerencia Pública de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, señor Darío Castillo Lugo, padece la misma enfermedad que tiene la mayoría de los Ministros actuales: miopía, mutismo selectivo y cofosis o anacusia. En palabras llanas, el Ministro de la Administración pública, está ciego, sordo y mudo.

Ojalá que el Ministro actual de la Administración Pública, se anime y se ponga las pilas para que por lo menos cumpla con el 20 % de las funciones que le asigna la Ley 41-08 a dicha entidad, la que en teoría es la responsable de dignificar la labor que realizan los servidores públicos ¿Por qué las autoridades del MAP se resisten a asumir con determinación, coraje y responsabilidad las funciones que les otorga la Ley 41-08? Lo que se percibe es que los incumbentes del MAP, tratan a toda costa de evitar presión, riesgo, miedo y ansiedad. Dicho de otro modo, se sienten bien de bien en su zona de confort.

Igual que en Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), en el Ministerio de Administración Pública (MAP), habrá que hacer una cadena de oración que ayude a los funcionarios de dichas entidades rectoras, a salir de sus respectivas zonas de confort. En el caso especifico del MAP, éste debería enfocarse en realizar las siguientes actividades:

Dignificar el salario de los servidores públicos de menos nivel. No es justo ni racional que el salario mínimo del sector público sea de RD$10,000.00. Este monto , además de estar muy distante del costo real de la canasta familiar del Quintil 1, también perjudica el monto de las pensiones que se otorgan a los servidores públicos amparados por la Ley 379-81. Es importe que el señor Darío Castillo Lugo, conozca el artículo 17 de la Ley No. 105-13, sobre regulación salarial del Estado dominicano.

Defender más y mejor los derechos de los servidores públicos, tal y como lo hacía el doctor Raymundo Amaro Guzmán, cuando dirigió la Oficina Nacional de Administración de Personal (ONAP), lo que hoy es el MAP. El Ministro de la Administración Pública, Castillo Lugo, se ha mostrado indiferente y distante con respecto al justo reclamo que hace el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP), a los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).

Establecer un sistema de consecuencias confiable, transparente y eficaz, que evite las irritantes distorsiones que existen en los salarios del sector público. No todos los cargos tienen la misma complejidad, riesgos y responsabilidad. Por ejemplo, un conserje en un Ministerio cualquiera no es igual al conserje en un Centro Hospitalario, que trabaja con desechos orgánicos contaminantes, a diferencia del que trabaja con papeles, vasos y desechos de comidas.

Asumir con más interés el respeto a la Carrera Administrativa e impulsar la realización de nuevos procesos de acceso a la misma. El desarrollo institucional de la Carrera Administrativa en el Estado dominicano, no pasa de ser una simple quimera. En cada gobierno, los funcionarios públicos juegan ping-pong con la Carrera Administrativa. Es indignante e injusto que a servidores públicos de anteriores administraciones, se les nieguen beneficios que reciben los que ingresaron en la presente gestión gubernamental. ¿Qué hace y dice el MAP al respecto?

En el Ministerio de Administración Pública (MAP), faltan los elementos esenciales para impulsar un proceso de cambio efectivo, sostenible, productivo y de alto valor agregado. Por ejemplo, visión emprendedora, determinación, entusiasmo, coraje, proactividad, cultura de innovación, liderazgo transformacional, respeto por el talento humano, así como una mirada moderna, incluyente y holística de cada una de las instituciones que integran el Estado dominicano.