Las compras gubernamentales desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento eficiente del Estado y en el desarrollo económico de un país. La República Dominicana no es la excepción, el marco legal que rige las compras y contrataciones públicas ha experimentado una significativa evolución a lo largo de los años, buscando garantizar la transparencia, la competencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos. En las próximas líneas, exploraremos los fundamentos y la evolución del marco legal de las compras gubernamentales en la República Dominicana.

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Fundamentos del Marco Legal

El sistema de compras y contrataciones públicas en la República Dominicana se sustenta en principios fundamentales, siendo la Constitución de la República el documento rector que establece las bases para la gestión de los recursos públicos. Entre los principios clave se encuentran:

1. Transparencia: El principio de transparencia se encuentra respaldado por varios artículos de la Constitución que promueven la publicidad de los actos de la administración pública. Por ejemplo, el Artículo 138 establece que «los actos de la administración son públicos, salvo el secreto profesional», y el Artículo 139 establece que «toda persona tiene derecho a obtener del Estado informaciones de cualquier índole que reposen en sus archivos».

2. Igualdad: El principio de igualdad ante la ley se encuentra en el Artículo 39 de la Constitución, que establece que «todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, etnia, orientación sexual, identidad de género, religión u opinión».

3. Eficiencia y Economía: El principio de eficiencia y economía en el uso de los recursos públicos se refleja en varios artículos relacionados con la gestión fiscal. Por ejemplo, el Artículo 245 establece que «los recursos públicos serán manejados con eficiencia y eficacia, de manera que se obtenga el máximo beneficio para la sociedad».

4. Legalidad: El principio de legalidad está implícito a lo largo de la Constitución, pero se refuerza en el Artículo 6, que establece que «todas las personas están sujetas a las normas y procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes». Además, el Artículo 7 establece que «nadie puede alegar en su favor situación de hecho que contradiga la Constitución y las leyes».

Evolución del Marco Legal

El marco legal de las compras gubernamentales en la República Dominicana ha evolucionado de manera significativa para adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad y garantizar la eficiencia en la utilización de los recursos públicos. Algunos hitos importantes en esta evolución son:

Ley de Compras y Contrataciones Públicas (No. 340-06)

Esta ley, promulgada en 2006, representó un cambio significativo en la regulación de las compras gubernamentales en la República Dominicana. Introdujo la creación de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), encargada de supervisar y regular los procesos de compras y contrataciones. Además, estableció la obligatoriedad de utilizar el Portal Único de Compras Públicas (UCompras), actual Portal Transaccional, para la publicación de los procedimientos y documentos relacionados con las adquisiciones gubernamentales, lo que aumentó la transparencia y la accesibilidad de la información.

Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06, establecido mediante el decreto 543-12

Para garantizar la correcta implementación de la Ley 340-06, se emitió el Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06, mediante el decreto No. 543-12 que detalla los procedimientos y requisitos que deben seguir las entidades públicas y los proveedores para participar en los procesos de compras gubernamentales. Este reglamento ha experimentado varias modificaciones a lo largo de los años para adaptarse a las necesidades cambiantes.

Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión

Esta ley, promulgada en 2006, también es relevante en el contexto de las compras gubernamentales, ya que establece sanciones para el soborno y la corrupción en los procesos de adquisiciones públicas. Refuerza la importancia de la transparencia y la legalidad en las compras gubernamentales.

Ley de Alianzas Público-Privadas (No. 47-20)

En el año 2020, se promulgó la Ley de Alianzas Público-Privadas, que brinda un marco legal para la realización de proyectos de inversión público-privada. Esto amplía las opciones disponibles para el Estado dominicano en términos de adquisiciones y proyectos de infraestructura.

Nuevo Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06, establecido mediante el decreto 416-23

Más recientemente, se promulgó el nuevo reglamento de aplicación de la ley 340-06, el cual integra las nuevas reformas y mejores prácticas para garantizar más eficiencia y transparencia en la gestión de las compras, el cual entrará en vigencia el próximo 14 de marzo de 2024.

El marco legal de las compras gubernamentales en la República Dominicana se ha fortalecido a lo largo de los años con el objetivo de garantizar la transparencia, la competencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. La Constitución de la República y la Ley 340-06, junto con sus reglamentos, son fundamentales para regular estos procesos. Además, la lucha contra la corrupción se ha fortalecido con leyes como la Ley 448-06.

El país ha avanzado significativamente en la adopción de herramientas tecnológicas, como el Portal Transaccional, para facilitar el acceso a la información y promover la participación de proveedores en los procesos de adquisiciones gubernamentales. El marco legal continúa evolucionando para adaptarse a las cambiantes necesidades y desafíos del entorno económico y social.

En resumen, el marco legal de las compras gubernamentales en la República Dominicana se basa en principios sólidos y ha experimentado una evolución constante para promover la transparencia, la eficiencia y la legalidad en la gestión de los recursos públicos, contribuyendo así al desarrollo económico y social del país.