Si “por encima de la Constitución de la República no puede existir –absolutamente- ningún tratado, convenio o acuerdo”, como asegura el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, entonces el mejor camino para la nación es abandonar la jurisdicción vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El argumento: Para el gobierno resulta inaceptable y de imposible cumplimiento la sentencia draconiana de la CIDH, la cual exige convertir la misma en un elemento clave de nuestra legislación y condena al país por deportar haitianos y dominicanos de origen haitiano entre 1999 y el 2000.

La otra alternativa, que el Presidente Danilo Medina remita al Congreso Nacional la ratificación del Instrumento de Aceptación de Competencias de la CIDH 15 años después que su antecesor lo firmara, sería una muestra increíble de genuflexión, un contrasentido, habida cuenta de que el gobierno se ha expresado con claridad y precisión rechazando, en duros términos, el contenido del fallo.

Subero Isa calificó de “mala” la decisión de la CIDH. Por ende, ningún gobierno acata un dictamen que contraviene su soberanía, la cual consiste en la suprema autoridad poseída por el Estado, y por ninguna otra institución social, para crear decisiones y ponerlas en vigor. Como doctrina apareció en el siglo XVI para defender el derecho de jurisdicción territorial completa de los monarcas, contra las pretensiones de príncipes locales y emperadores del Sacro Imperio Romano, hasta convertirse en la unidad más importante de la organización política en el mundo.

Pero no significa que los Estados tengan una absoluta libertad de acción. Su conducta la restringen el derecho internacional y las reglas de los organismos mundiales o regionales a los cuales pertenece, bajo la teoría de que el poder supremo puede modificarse por consentimiento.

El consenso es abandonar la CIDH y seguir respetando los derechos humanos.