El presidente Luis Abinader ha suscrito el llamado Pacto de Nación junto a un amplio espectro de agrupaciones políticas, intelectuales y rectores universitarios, que abarca los ámbitos de política exterior, frontera, migración y economía, con la finalidad de armar moralmente al país frente a la crisis desatada por Haití sobre el río Masacre y sus posibles repercusiones internas.

El acuerdo, que entre sus objetivos plantea mantener la presión internacional y aumentar la vigilancia militar fronteriza, fue rubricado por el mandatario, el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) y 27 entidades partidarias reconocidas por la JCE, siete rectores y veintitrés forjadores de opinión.

Sin embargo, los dos principales partidos de la oposición, Fuerza del Pueblo, de Leonel Fernández, y Partido de la Liberación Dominicana (PLD), de Danilo Medina, apoyados por el extremadamente minoritario PRD, de Miguel Vargas, se abstuvieron de participar en el consenso anunciado, el cual prevé regular los trabajadores temporales haitianos y crear una base biométrica con sus datos.

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El alejamiento opositor del pacto se interpreta en el sentido de evitar darle ganancia de causa electoral al adversario reelegible, e intentar disminuir el éxito diplomático de Abinader, quien reclamó una misión internacional de paz para Haití, exigencia finalmente aprobada en la ONU, ahora en vías de ejecución. A ello se agrega el cierre total de la frontera, la reciente inauguración de la verja perimetral de Elías Piña y el abrumador apoyo que la colectividad ha brindado al Gobierno dominicano debido al efectivo manejo de la crisis desatada por Haití con la construcción del canal de trasvase sobre el río Masacre.

Respecto al boicot de Fernández, Medina y Vargas al Pacto de Nación, creo que estos líderes no han tomado en cuenta que todo cuanto concierne a la frontera con Haití ha sido constitucionalizado por el legislador a partir del Artículo 5, que reza: “La Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la Nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas”.

O el numeral 1 del Artículo 9 Constitucional, según el cual los límites terrestres irreductibles están fijados por el Tratado Fronterizo de 1929 y su Protocolo de Revisión de 1936, ambos violados conscientemente por las autoridades haitianas.

La indisoluble unidad de la nación frente a la agresión extranjera es una cuestión de principios y de dignidad nacional. No es una pose partidaria.