Con equidad y equilibrio para evitar aumento de la pobreza, el gobierno ha redistribuido en la población el impacto negativo de los altos precios internacionales de alimentos, petróleo, gas y otras materias primas que empobrecen en todas partes.

Los más castigados con el impuesto a los pobres, la inflación, son hogares de clase media, pobres y muy pobres, dedican la mayor proporción de sus ingresos al consumo y pago de la electricidad.

Por ello fue oportuna y acertada la decisión del presidente Abinader de detener el desmonte gradual del subsidio cruzado a la tarifa eléctrica, quiere decir que no va el encarecimiento adicional de la luz, el gobierno asume buena parte del costo. Porque si además del impuesto a los pobres, la inflación, se le resta ingresos a través de aumento de la tarifa eléctrica, se podría crear un ambiente social explosivo.

Hay otras razones poderosas para mantener el subsidio. Uno, la política es coherente con el proceder del presidente, de aliviar la carga a las familias para que puedan superar el momento inédito que se vive. La aplica cuando la inflación pasa una dura factura a los trabajadores, el salario perdió 5.28% de poder adquisitivo en los últimos doce meses, es decir, con el mismo dinero compran menos cosas.

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Esta cifra se obtiene restando al incremento interanual de 4.2% del ingreso por hora de trabajo entre el primer trimestre de 2022 y enero-marzo de 2021, según la Encuesta de Fuerza de Trabajo del Banco Central, la inflación interanual de 9.48% entre junio 2022 y junio 2021.

Dos, debido a la dureza de la presión inflacionista la masa salarial perdió alrededor de tres mil millones de pesos (0.0528 x masa salarial) de poder adquisitivo y trescientos setenta y cinco millones de pesos los depósitos a la vista, de ahorros y a plazos (0.0528 x volumen de depósitos) de familias y empresas.

Tres, en América Latina y el Caribe las pérdidas de poder de compra de salarios y ahorros suelen ser origen de conflictos laborales y sociales, los trabajadores demandando que sus ingresos y el sistema fiscal se actualicen para compensar las pérdidas.

Y cuatro, con la recaudación adicional por el aumento de ingreso por hora de trabajo y la progresividad del impuesto a la renta, en buena medida podría compensarse el desmonte gradual del subsidio cruzado a la tarifa eléctrica.

Resumiendo, este no es el momento para reformas estructurales de calado, vendrán tiempos mejores, cuando termine la guerra Rusia-Ucrania y los precios internacionales se normalicen, nadie sabe cuándo.

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La del sector eléctrico no es solo para alcanzar la tarifa técnica, hay que eliminar el déficit estructural que, incluyendo inversiones, consolidado en las tres EDES ascendió a US$4,367.9 millones de 2016 a 2020, un promedio anual de US$874 millones.

Lo que implicará fuertes inversiones del gobierno, tendrá que asociarse al sector privado porque, además, se debe eliminar la principal causa del déficit operacional, acumulado representó 76% (US$3,305 millones) del déficit estructural incluyendo inversiones.

Me refiero al volumen de kilovatios/hora que no se factura o no se cobra por diferentes motivos, equivalentes a un tercio de la energía comprada, probablemente el porcentaje mas alto en la región.