La aprobación de la Ley 24-15 del pasado día 3, que convoca a la Asamblea Revisora de la Constitución de la República para permitir la reelección presidencial, con el apoyo de los legisladores del PLD, PRD y el PRSC marca un antes y un después en la política contemporánea dominicana, pues este pacto significa muchas cosas para el país:

Esta aprobación lleva implícita la repostulación del Presidente Medina y de los actuales senadores y diputados de esas parcelas, la creación de dos provincias totalmente innecesarias en Santo Domingo, con su parafernalia de gobernaciones y distritos judiciales, para ofrecer sus candidaturas a Senador a Miguel Vargas, que costarán muchos millones de pesos, así como la prolongación indefinida en el liderazgo formal de esas organizaciones que hegemonizaron la política partidaria dominicana durante más de medio siglo, y que ahora son una amenaza para la democracia.

Ese intento de congelación de la vida política dominicana para beneficio de una oligarquía político-económica, haciendo uso masivo de la corrupción, la manipulación de la opinión pública y la violencia cuando juzgan necesario, está haciendo asquearse a casi todos, y augura un desastre político social en un cercano futuro.

Lo cierto es que bajo los gobiernos del PLD, los antiguos discípulos de Juan Bosch borraron la ideología progresista de su partido, sustituyéndola por el culto a la personalidad, la disciplina neofascista y el enriquecimiento increíble de una élite; que destruyeron desde dentro al PRSC y al PRD con la ayuda de las “Altas Cortes”, los han puesto al servicio de sus siniestros planes de dominación a costa del presente y del futuro del país.

La justificación legal para no someter esa reforma a un referendo es realmente infantil, ya que entre las causas expresas del art. 272 de nuestra Carta Magna, están los derechos, entre los cuales figuran naturalmente el de elegir y ser elegido.

La parte buena de esa decisión nefasta es que la misma ha puesto de un solo lado a los que echaron a la patria al pozo para lucrarse de la miseria colectiva, lo que permite al pueblo identificarlos claramente y luchar contra el despotismo que nos envilece.

La movilización de masas no debe ser solo para combatir el reeleccionismo, cuyas consecuencias negativas hizo eliminarlo recientemente en Brasil y Colombia, y el repudio a la corrupción e impunidad en casi toda el área del Caribe.

Nuestra respuesta debe ir también hacia objetivos más trascendentes, que permitan eliminar las causas reales de la crisis que enfrentamos, porque minan las bases mismas de la democracia política, económica y social; clamando por reformas constitucionales que recuperen el poder ciudadano a través de una Asamblea Constituyente, el plebiscito y los referendos nacionales y locales; un poder legislativo único que se inmunice contra la corrupción, la manipulación y el transfuguismo; por un poder judicial independiente y honesto, un sistema electoral confiable; municipios funcionales; controles financieros eficientes y macro estructuras administrativas no repetitivas y eficientes.