La Estrategia Nacional de Desarrollo establece la meta aspiracional del país que queremos construir para el año 2030. Este proyecto fue fruto de extensas consultas ciudadanas que involucraron a todos los sectores, espacios y territorios representativos de la sociedad. A partir de este proceso, se consolidó una visión compartida de nación, concebida como un gran propósito colectivo. Se definieron metas claras y medibles para dar seguimiento al progreso, así como compromisos comunes, reflejados en pactos sociales, que refuerzan la responsabilidad compartida de todos y todas.
En línea con estos objetivos de largo plazo, el país también asumió el compromiso de alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030. Este acuerdo global, impulsado por las Naciones Unidas, busca construir un mundo más justo e inclusivo, donde nadie quede atrás. Las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo están alineadas y se complementan con los ODS, avanzando de manera conjunta hacia el desarrollo sostenible.
Puede leer: 2024: Ulises innova y logra sostenibilidad
El año 2030 se acerca y, en el camino, enfrentamos una emergencia sanitaria global (covid-19) que nos obligó a priorizar respuestas para mitigar sus impactos en los sectores más vulnerables. Al mismo tiempo, se aceleraron cambios significativos que representan amenazas para el desarrollo sostenible, como la crisis ambiental y los choques climáticos. Otros cambios, como la revolución tecnológica y el avance de la inteligencia artificial, presentan oportunidades que debemos aprovechar.
Al iniciar el año 2025 y con solo cinco años por delante hacia el 2030, es fundamental reflexionar sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo como instrumento de construcción nacional. Debemos trazar una hoja de ruta que identifique los aceleradores claves para alcanzar las metas del 2030 y, al mismo tiempo, sentar las bases para una nueva estrategia de largo plazo. Estos aceleradores deben definirse en torno a los cuatro ejes de la estrategia (institucional, social, económico y ambiental) y alinearse con las metas priorizadas para el período de gobierno 2025-2028.
Este tramo hacia el 2030 es una oportunidad clave para evaluar avances, realizar los diagnósticos necesarios y construir colectivamente una nueva visión de país con miras al 2050 o incluso más allá, al 2060. La nueva institucionalidad que surja de la fusión del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y el Ministerio de Hacienda, tiene la responsabilidad de impulsar, junto al Consejo Económico y Social, esta hoja de ruta. El objetivo es presentar una propuesta consensuada de proyecto de nación ante las autoridades políticas y el Congreso.
¿Qué implica esta ruta? Un compromiso firme de todos los actores políticos y sociales. La construcción del país que deseamos es una responsabilidad compartida, lo que requiere no solo definir el rol de cada actor, sino también establecer un marco integrado de financiamiento para el desarrollo para costear los compromisos asumidos y movilizar los recursos necesarios para su cumplimiento.
La Estrategia Nacional de Desarrollo debe ir acompañada de un plan de posicionamiento en todos los ámbitos de la sociedad y de una alineación efectiva entre los instrumentos de planificación pública y la cooperación internacional.
Hoy, más que nunca, es fundamental construir esta visión prospectiva del país que anhelamos a largo plazo. Avanzar hacia una nación más inclusiva, próspera, resiliente y sostenible exige políticas que trasciendan el corto y mediano plazo. Implica movilizar y comprometer de manera permanente a todos los sectores de la sociedad en torno a objetivos comunes.
Este compromiso es de todos y todas, sin distinción de banderas políticas. Es un pacto con nuestro futuro y con las generaciones venideras. Nuestro verdadero contrato social.