El abogado Valentín Medrano, integrante de la barra de defensa del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, sostuvo la tarde de este lunes que el arresto de su cliente podría tratarse de una presunta actividad procesal defectuosa, al argumentar que en una investigación ya iniciada no se puede hablar de flagrante delito.

“Cómo es posible que, si usted está investigando a una persona, usted no se haya proveído de las órdenes de arresto para llevar a efecto, por vía de consecuencia, lo que usted entiende que es un ilícito penal y, por vía de consecuencia, excúseme la reiteración del término, arrestar a la persona que presuntamente ha ajustado su conducta definida en su accionar a una norma proscriptiva”, manifestó el jurista.

Aunque señaló que, por un asunto de responsabilidad procesal, primero debe conocer el expediente acusatorio, el defensor afirmó que no hay duda de que la imputación contra Valdez Alcántara se trata “de una posible visitación de una opción que toma el Ministerio Público, no sé si con la intención realmente de sanear ese cuerpo o con la intención de resolver o afectar procesos en curso”.

“Lo cierto es que para todo el mundo es sorpresivo que el Ministerio Público se destape con este tipo de procedimientos, con este tipo de escaseos, con esta bulla tan gigantesca respecto a un proceso o a una situación que no parece tan importante, o sea, ni siquiera de calificación jurídica, ni siquiera de lo que es la pena a imponer”, pronunció.

Acusación

Conforme a la investigación, Aurelio Valdez Alcántara exigió inicialmente a la persona, cuyo nombre no ha sido revelado, doscientos mil dólares (US$200,000), suma que luego redujo a ciento cincuenta mil dólares (US$150,000) en una negociación en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450.

Debido a que el imputado cuenta con privilegio de jurisdicción, la procuradora Reynoso solicitó la designación de un juez de la Instrucción Especial, por ante el juez Julio César E. Canó Alfau, presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

Solicitan coerción

El Ministerio Público solicitó este domingo la imposición de un año de prisión preventiva, como medida de coerción, contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.

El procurador fiscal Andrés Mena depositó ante la jueza de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, magistrada Ysis Muñiz Almonte, la solicitud de medida de coerción contra el imputado, contenida en 50 páginas.

Mena representa al Ministerio Público en el caso investigado por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución.

La corte designó como jueza de la instrucción especial a Ysis B. Muñiz Almonte, presidenta de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

La investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población, una vez más, que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución.

La procuradora Reynoso calificó el hecho como muy grave, al recordar la responsabilidad que tienen los integrantes del Ministerio Público de perseguir la corrupción y todos los hechos punibles. “Quiero reiterar lo que he sostenido toda la vida y lo que dije, el 26 de febrero de 2025, al asumir la Procuraduría: jamás toleraremos actos de corrupción, sin importar quien lo haga”.

“Así que, en este caso, los fiscales actuarán para que caiga todo el peso de la ley contra el procesado en este caso, porque medimos con la misma vara a todos y trabajamos para que los tribunales produzcan sanciones ejemplarizadoras en este y en todos los demás casos de corrupción", dijo Yeni Berenice Reynoso luego de que se ejecutara el arresto del fiscal investigado.