En la gestión de José Ramón Peralta como ministro administrativo de la Presidencia, no existieron denuncias, auditorías, ni hallazgos oficiales que evidencien irregularidades de tipos penales como le atribuye el Ministerio Público, afirmó ayer la defensa técnica del exfuncionario en la continuación del juicio preliminar a los imputados en la Operación Calamar.

Durante su exposición ante la jueza Altagracia Rodrìguez, del cuarto juzgado de la Instrucción, los abogados Santiago Rodríguez, Pedro Balbuena y Emely Rodríguez, dijeron que la acusación al al exfuncionario “es genérica sin hechos precisos, y sustentada en papeles que no prueban nada”.

Cuestionaron la calidad y pertinencia de la documentación (no pruebas) incorporada por el MP al expediente, resaltando que de 1,691, apenas 136 hacen alguna mención directa al exministro, sin que ninguno aporte prueba concreta que lo vincule con los hechos que se le imputan.

Para avalar sus afirmaciones la defensa de Peralta señaló que el Ministerio Administrativo de la Presidencia no figura como institución imputada ni investigada dentro del expediente, ni se han presentado informes de órganos de control que señalen procesos irregulares durante el período de gestión de su defendido.

Agregó que tampoco con el peritaje hecho a los dispositivos electrónicos incautados al exfuncionario el MP pudo aportar “ ni una sola evidencia digital, mensaje o registro” que lo vinculen con las imputaciones que le hace. “El ejercicio de la función pública de Peralta no estuvo acompañado de beneficios económicos personales, no se demostró cobro indebido, soborno ni recepción de dádivas vinculadas a decisiones administrativas, en ninguna parte de la acusación se cuestiona su función, todo es una manipulación del Ministerio Público”, subrayó la defensa.

Con relación a la calificación penal, indicaron que en ninguno de los articulados que el órgano acusador le atribuye haber violado, se configuran ilícitos compatibles las funciones públicas que ejercía Peralta. “Es decir, que la acusación carece de respaldo institucional y probatorio que permita sostener imputaciones penales en su contra”, dijeron.