Conforme avanza la preliminar del proceso para determinar si los imputados en la denominada “Operación Calamar” van a juicio de fondo, los ánimos se caldean en el primer tribunal colegiado, esta vez no entre las partes ni con los jueces, sino entre las defensas mismas.

La manzana de la discordia es la empresa Intercaribe Mercantil, S.A., a la que el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, siendo supuestamente su propietario, habría favorecido con “facilidades crediticias ilegales” por un monto ascendente a RD$1,834 millones.

El dardo envenenado lo lanzó Miguel Valerio, representante legal de Intercaribe, quien admite la existencia de “ciertos hechos operativos”, pero afirma que la misma no tiene responsabilidad penal, y pide que el proceso sea enviado directamente a juicio de fondo.

El planteamiento de Valerio fue ripostado, entre otros, por la defensa de Guerrero a través del abogado Manuel Rodríguez, quien lo calificó como “una manipulación interesada” que además es “torpe, maliciosa y ridícula”.

QUE DICE MP DE INTERCARIBE

Según la acusación del Ministerio Público, la investigación del entramado de corrupción habría operado desde el 2012 al 2020, con irregularidades en el suministro de Cemento asfáltico AC-30, prosiguió con los supuestos pagos ilegales por expropiaciones, y financiamiento ilícito de campaña política (2019).

Agrega que Intercaribe fue fundada en el 2013 por el propio Guerrero, y que durante el período investigado, incluyendo el 2020, la compañía estaba representada por su hijo, el también imputado Daniel Alberto Guerrero Mena.

Resalta que aunque Intercaribe no era contratista directa del Estado, “a través de cesión de crédito fraudulentos”, recibió unos RD$1,834 millones.

Además, dice que dicha empresa fue traspasada a Alá Al-Alí en el 2020 “con documentos alterados para simular que el traspaso se hizo en el 2016”.

ARGUMENTO DE VALERIO

El jurista dice que Alá Al-Alí Alzyoud admite que la empresa Intercaribe le fue transferida en el 2020 en el año, y que se le puso fecha antidatada “para aparentar que fue en el 2016

Sin embargo, asegura que su cliente “no conocer los documentos que figuran en el expediente acusatorio del MP.

En el sentido, la defensa técnica al tribunal, desvincular a su cliente de responsabilidad penal, y enviar el proceso a juicio de fondo “para aclarar la situación legal de la empresa y de los demás imputados”.

RESPUESTA DE MANUEL

Rechazó la afirmación de Valerio de que el exministro de Hacienda firmó el contrato de la prueba 1556, referente entre las empresas Pocaterra Inc., representada en el país por José Miguel González Cuadra; y Petroleum Tranding Group, LTD, Inc., representada por Alzyoud. Lo acusó de supuestamente no ofertar pruebas durante el proceso ni asistir a las audiencias en el segundo tribunal colegiado, y dijo que todo el “show! Que hace la defensa de Intercaribe “no es más que una defensa a una persecución política discriminatoria contra Donald Guerrero.