Tribunales
Dueño terreno “Teleoferta” 27 de Febrero dice compró 1982
Ninguna instancia reconoció derechos a los ocupantes. Recordó que ese caso lleva más de dos décadas en los tribunales del país
En los terrenos funcionaban múltiples negocios.
El propietario del terreno ubicado en la avenida 27 de Febrero esquina Máximo Gómez, donde funcionaba “Teleoferta” , justificaron el desalojo que ejecutaron autoridades dominicanas el pasado sábado, al afirmar que esa propiedad fue adquirida en 1982 y su titularidad ha sido confirmada por todas las instancias judiciales del país.
“Este desalojo no es un acto arbitrario, sino la ejecución de decisiones judiciales firmes durante más de 20 años, que han confirmado de manera definitiva el derecho de propiedad y el respeto a la ley y a los derechos constitucionales que nos asisten”, afirmó Rafael Eduardo Selman Hasbún, en un documento enviado a este diario.
Muestra que compró la propiedad en 1982 a Milagros Manzueta, Nabih Antun Yeara Scandar, José Antun Yeara Scandar, De Miguel Yeara Nasser, Dajher N. Yeara Nasser, María Yeara de Hane, Rosalía Yeara Vda. Yeara, Yeni Yeara Yeara, Maritza A. Yeara Yeara de Rodríguez y Nabiha Yeara Scandar de Evangelista.
“Esta adquisición fue posteriormente homologada por el Tribunal Superior de Tierras en 2006”, indica el documento.
Agrega que “desde 2004, el inmueble fue objeto de ocupaciones por parte de terceros sin título registrado, lo que dio lugar a múltiples procesos judiciales en distintas jurisdicciones”.
Agradeció la actuación de las autoridades en el cumplimiento de las decisiones judiciales.
Explicó que ante la persistencia de los ocupantes, el abogado del Estado en la Jurisdicción Inmobiliaria autorizó el uso de la fuerza pública mediante resolución 596, del 25 de septiembre de 2025.
“Las autoridades notificaron previamente a los ocupantes y establecieron los plazos correspondientes”. Dijo que la propiedad fue reconocida por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original; el Tribunal Superior de Tierras confirmó la decisión en apelación y la Suprema Corte de Justicia la ratificó.
El País
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Lency Alcántara