Desde ciudadanos ordinados consultados para encuestas, hasta críticos situados en liderazgos partidarios y de ciencias sociales cuestionan desempeños administrativos del Estado a cargo de órganos que afirman llenar cometidos en beneficio de la ciudadanía, pero que en la realidad llegan con retrasos en los objetivos como sucede con la “justicia tardía” que se traduce en “justicia denegada” restando calidad y puntualidad a servicios a veces esenciales para frustración de sectores nacionales como es el hecho de dejar intemporalmente congelados por la aplicación inconsecuente de requisitos ambientales un número importante de proyectos millonarios de construcciones privadas en el Cibao.

El propio sistema departamental de la burocracia dominicana que supervisa atenciones a los contribuyentes, traza pautas a desempeños y monitorea casos con aplicación de tecnologías de la información registra quejas recurrentes de insatisfacciones por la no entrega puntual de documentos como ha ocurrido con la emisión de nuevos pasaportes, certificaciones de actos de la vida civil y más recientemente por la no renovación a tiempo de licencias de conducir al colmo de trascender que los institutos armados, de cabal sentido del deber y de lo crucial de sus operaciones, están en prolongada espera de dotar a muchos de sus choferes de las credenciales apropiadas. Tendrían que ir a la guerra en calidad de indocumentados.

Repárese en el siguiente inventario: llueven a buzones y registros electrónicos solicitudes de diferentes procedencias en busca de conocer el curso seguido por expedientes de casos que parecen haber pasado a un destino incierto en un universo que incluye reclamos por daños acarreados por imperfecciones del servicio eléctrico, críticas por falta de medicamentos en boticas populares, retraso de pagos por servicios y suministros al Estado y de ejecución de obras en proceso que por lustros dejan truncos edificaciones escolares y más recientemente un notable irrespeto al patrimonio público patente en la vieja sede del clausurado Instituto Dominicano de Seguridad Social, IDSS, dejada como un monumento al abandono total atentando al ornato en el ensanche La Fe.

LAS CRÍTICAS

El tamaño del sistema administrativo dominicano, considerado excesivo, llama la atención cada vez que se pretende llegar a conclusiones sobre sus niveles de competencia en razón de que República Dominicana figura como uno de los países de la región de mayor número de empleados públicos en proporción a su número de habitantes. Uruguay también aparece muy poblado por gente asalariada por el Estado, pero con el beneficio de que en vez de “botellas” lo que abunda en su burocracia es un alto índice de desarrollo humano.

Sobre la alta densidad criolla del aparato estatal el economista dominicano y profesor en Harvard, Juan Ariel Jiménez, ha sostenido que bajo las administraciones del presidente Luis Abinader, lo que ha ocurrido en el país es un crecimiento de nóminas públicas y de gastos corrientes sin una expansión real del aparato productivo. Todo lo contrario: más personas recibiendo cheques del Gobierno y 194 mil estudiantes menos en aulas en comparación con el año 2019.

Lo que se ha escuchado decir desde las tribunas del liderazgo del partido Fuerza del Pueblo es que más del 70% de los nuevos empleos formales creados en el país (unos 134 mil en el 2026) consistió en poner a más personas en funciones a beneficiarse del erario lo que no permitiría atribuirlo a un crecimiento productivo de la economía. La FP entiende que se trató más bien de una creación artificial de puestos de trabajo. El ex presidente Leonel Fernández ha sostenido que el verdadero crecimiento de la economía fue en el último año de un 2.1% del PBI insuficiente para generar empleos de calidad.

El economista Bernardo Vega, ex embajador en EU y ex gobenador del Banco Central, ha criticado consistentemente el tamaño y costo de la burocracia dominicana, incrementada de manera desproporcionada, lo que a su juicio reduce la capacidad de inversión del Estado, destacando que una parte considerable del presupuesto nacional se destina a gastos corrientes, salarios y subsidios en lugar de dirigirse a infraestructuras (carreteras, puentes, planteles…). Un desprecio a lo prioritario que Vega atribuyó a la necesidad de los partidos de Gobierno de ganar popularidad en lugar de cubrir necesidades operativas reales.

OTROS PAISES.

Aunque el tamaño de la burocracia de Costa Rica clasifica como elevado en términos de gasto y cantidad de instituciones, con una superficie parecida a la de República Dominicana, su sistema estatal es de gran presencia en servicios de salud y educación y el mérito de estar considerado consistentemente entre los países de mayor desarrollo institucional, con servicios administrativos de excelente distribución asistencial del Estado sobre la población.

Chile, que parece brillar como ejemplo de eficiencia y calidad en el gasto público preservado del clientelismo que sí resalta por estas calientes latitudes caribeñas, posee una burocracia que se desplaza por su geografía extensa y accidentada con alta eficiencia y cobertura centralizada que llama la atención por descansar sobre una infraestructura de calidad administrativa. Sus gobiernos están obligados a desvelarse por la excelencia –y lo logran- a lo largo de 756,102 kilómetros cuadrados en los que el territorio dominicano cabría más de quince veces.

Estonia, situada en el noreste de Europa con una población y dimensión excepcionalmente manejable, está consolidada como modelo global de eficiencia burocrática tras experimentar una transformación digital radical. Su sistema administrativo ahorra a las finanzas públicas un 2% de su PIB anual en horas de trabajo y papel, y con toda seguridad que por esos lares la palabra clientelismo todavía no ha ingresado al manejo conceptual de los asuntos ni a los gastos presupuestales.

LO POSITIVO

Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) el actual Gobierno de República Dominicana se ha destacado por generar estabilidad y basar su gestión en la planificación regional del desarrollo y que con su aplicación del programa “Burocracia cero” ha hecho que organismos internacionales valoren positivamente la reducción de trabas administrativas. Como muestra de confianza en la estabilidad local, la República Dominicana fue seleccionada para asumir la presidencia de la CEPAL para el período 2026-2028.

No obstante el organismo multilateral ve al país con el desafío de lograr mejoras estructurales contra fallas como las que determinan una elevada informalidad laboral que va contra la eficiencia de los sistema de protección social gestionados por la burocracia estatal. También recomienda enfocarse en la calidad del gasto público para garantizar un impacto real en el desarrollo.